En octubre de 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Desde entonces, la agenda del combate a la corrupción ha sido promovida desde distintas agendas internacionales y nacionales, incluso la urgencia por erradicar la corrupción ha quedado plasmada en uno de los objetivos para el desarrollo sostenible.
Se trata del Objetivo 16, que en sus metas exige a los Estados promover sociedades pacíficas e inclusivas a partir de instituciones fuertes, profesionalizadas, capaces de rendir cuentas a todos niveles y generar condiciones mínimas de igualdad social.
La corrupción está presente en todas partes, sea público o privado, ricos o pobres, del norte o del sur, quebranta el Estado de Derecho e incita a la comisión de delitos como el tráfico ilícito de personas, drogas y armamento, se trata de un ataque contra los valores, roba a la sociedad, escuelas, hospitales y otros servicios vitales, aleja la inversión extranjera, evasión fiscal, el lavado de dinero y otros flujos ilícitos para desvían recursos que son muy necesarios para el desarrollo.
Su necesaria erradicación y escasos resultados genera una profunda frustración y desconfianza al enfrentarnos ante el nepotismo, el desvío de recursos para pago de campañas electorales, las compras públicas amañadas, el manejo de instituciones como patrimonio personal y las complejas y profesionalizadas redes de corrupción, siguen operando con corrupción sistémica.
Según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan cada año más de 1 billón de dólares en sobornos, de acuerdo al Foro Económico Mundial cifra el costo de la corrupción en al menos 2,6 billones de dólares, o lo equivalente al 5 % del producto interno bruto mundial. Basta con ver evidencias como las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información que registra en los últimos dos años un aumento del soborno por acceso a servicios y con un costo de 3 mil 822 pesos por persona.
Lamentablemente llegamos al aniversario del combate a la corrupción en medio de un paisaje desolador; toda vez que las secuelas de la pandemia de Covid-19 se cuentan en pérdidas humanas, en daños económicos, en millones de desempleados, en capacidades estatales acotadas por la austeridad y en un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad, cerraremos el año 2020 con 27.7 millones de nuevos pobres en América Latina.
México será uno de los países más afectados de la región y como siempre las mujeres, los trabajadores informales y los pueblos indígenas se encuentran entre los más perjudicados.
Sin duda, la pandemia aumentó las oportunidades para la corrupción, en México no se ha garantizado el derecho a saber en los tres niveles de gobierno. A la fecha, la pandemia ha servido de pretexto para que órganos garantes del acceso a la información mantengan la cortina cerrada a costa del derecho fundamental a saber.
El apuro por la emergencia ha propiciado adjudicaciones directas, apenas vigiladas, poco fiscalizadas y con nula rendición de cuentas.
Se requiere de mecanismos establecidos que refuercen el trabajo para sentar las bases de la confianza y la rendición de cuentas que permitan promover la transparencia y fortalecer la honestidad para que adoptemos una actitud firme a favor de la integridad. La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura impunidad.
