La división de poderes es una característica fundamental de los sistemas democráticos y se refiere a la separación en tres ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que conjuntamente forman la República mexicana.
En México, la división de poderes es esencial para el funcionamiento de la democracia y la protección de los derechos de los ciudadanos; la importancia de la división de poderes en México radica en que permite el equilibrio y la separación de las funciones del Estado, lo que evita que una sola persona o entidad concentre demasiada autoridad y garantiza que cada poder del Estado tenga un papel específico y una función clara, y que esté sujeto al control y la supervisión de los demás poderes.
En el caso de México, el poder Ejecutivo está encargado de llevar a cabo y aplicar las leyes, el poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear y modificar las leyes, y el poder Judicial tiene la tarea de interpretar las leyes y resolver los conflictos entre los ciudadanos y el Estado.
Asimismo, la división de poderes está protegida por la Constitución ya que garantiza el funcionamiento de los tres, cada poder del Estado tiene una función importante en la protección de los derechos de los ciudadanos y en el mantenimiento del orden constitucional, por ello, la importancia de que se respete su autonomía, ya que es justo la esencia para garantizar el equilibrio adecuado entre los poderes.
La separación de facultades y funciones del Estado ayuda a prevenir que cualquier instancia centralice o concentre demasiada autoridad en una sola persona o entidad lo que podría dar lugar a la corrupción, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos.
La importancia de respetar la autonomía de cada poder, asegura que cada uno de ellos tenga sus propias responsabilidades, funciones y deberes establecidos por la ley, lo que reduce la probabilidad de que uno de ellos abuse de su poder o interfiera en las decisiones de los otros.
La autonomía e independencia del sistema judicial en México, es fundamental para el estado de derecho y para la protección de los derechos y libertades individuales, es por ello que hoy podemos decir que el siglo XXI es del poder Judicial.
El poder Judicial es la rama encargada de hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, y está facultado para declarar inconstitucionales las leyes y actos que violen los derechos humanos. Incluso, si el poder Judicial no fuera autónomo, podría verse influenciado por otros poderes y perder su imparcialidad y credibilidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el máximo tribunal del poder Judicial, tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y las leyes federales, sus determinaciones pueden ser por mayoría calificada, es decir, la cantidad de votos necesarios para tomar una decisión en un caso determinado.
En la SCJN, la mayoría calificada se define como la mitad más uno de los ministros presentes en la sesión, siempre que se trate de al menos ocho ministros, en otras palabras, si hay ocho ministros presentes en una sesión, la mayoría calificada sería de cinco votos. Cuando un caso llega a la SCJN, los ministros discuten el asunto y toman una decisión mediante una votación, si la votación no resulta en una mayoría calificada, es decir, si no se alcanzan los votos necesarios, la decisión se considera como no tomada y el caso se pospone para una sesión posterior.
Si se alcanza la mayoría calificada, la decisión se convierte en una resolución vinculante que establece un precedente legal que debe seguirse en casos similares, las resoluciones de la SCJN por mayoría calificada son consideradas como de gran importancia y tienen un impacto significativo en la jurisprudencia mexicana.
En resumen, respetar la autonomía de cada una de estas tres facuoltades es importante porque promueve la separación de poderes, previene el abuso de autoridad y garantiza la independencia del sistema judicial, todo lo cual es esencial para la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
La separación de poderes ayuda a prevenir que cualquier instancia centralice o concentre demasiada autoridad en una sola persona o entidad lo que podría dar lugar a la corrupción, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos.
