MAGDIEL GÓMEZ MUÑIZ
La reclasificación de las metrópolis en nuestro país nos deja un panorama muy interesante para el diseño de escenarios de gobernanza, así como para establecer nuevos criterios de identificación de territorios donde se concentran más del 65 % de la población nacional. Desde 421 municipios, las 92 metrópolis se componen en 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas.
A partir de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se pueden identificar, además, siete metrópolis interestatales a lo largo del territorio azteca. Probablemente, los límites político-administrativos sean el pretexto para justificar relaciones funcionales desde el continuo urbano intermunicipal que, bajo unos ajustes sobre lo heterogéneo de las regiones, se llegó a la conclusión que los cambios sustanciales han permitido comprobar que la traza de ciudad se vuelve el epicentro para el éxito de una posible nación metropolitana.
Lo que la intuición y experiencia nos ha dejado visible es que no es posible plantear nuevos escenarios con ecosistemas urbanos pensados para comunidades de los años 70´s y no solo se trata de innovar en la traza de ciudad, se trata de abordar, ontológicamente la concentración poblacional y su funcionalidad económica.
Pero es importante subrayar que el rediseño exige reforzar el sistema institucional y por supuesto, la creación y fortalecimiento de los institutos metropolitanos de planeación en México. Pese a lo que pudiese ser la tendencia para la próxima década (el urbanocentrismo), se requieren estrategias sectoriales articuladas en territorios desiguales.
Sin ser clase de Historia: desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, las ciudades han sido el epicentro del desarrollo, la innovación y la concentración de recursos. Este enfoque centrado en lo urbano ha llevado consigo una serie de consecuencias que han impactado de manera significativa a los asentamientos que se encuentran lejanos, contribuyendo a la problemática del despoblamiento rural. Tema que ni los gobiernos municipales ni los estatales logran coordinarse y asociarse para apoyarse técnicamente e implementar políticas para fortalecer al campo.
Hacer ecosistemas que eleven la calidad de vida va más allá de calles y manzanas o del misticismo y atracción de las ciudades como centros de oportunidades económicas y culturales. Para detonar bienestar y calidad de vida, las unidades territoriales deben blindar los campos y ruralidades que funcionan como engranajes de una maquinaria agroalimentaria y de disfrute de áreas integrales y sistémicas de seguridad humana.
De no tomar consideraciones al 2030, el fenómeno del urbanocentrismo induciría a una visión sesgada de desarrollo, donde lo rural es visto como periférico, obsoleto e incluso irrelevante en comparación con el bullicio y la actividad frenética de las ciudades. Esta mentalidad necropolítica ha propiciado el invertir en áreas urbanas en detrimento de las zonas rurales, exacerbando aún más la brecha entre ambos entornos.
El despoblamiento rural no es solo una cuestión demográfica, sino también un problema multifacético que abarca aspectos económicos, sociales y ambientales. La disminución de la población en las zonas rurales conlleva una pérdida de diversidad cultural y de tradiciones ancestrales, así como una reducción en la oferta de servicios básicos como educación y atención médica. La migración hacia las ciudades implica una mayor presión sobre los recursos naturales y una mayor emisión de contaminantes, contribuyendo así al cambio climático y la degradación del medio ambiente.
Es necesario promover políticas que fomenten el desarrollo económico y la creación de empleo en las zonas rurales, así como invertir en infraestructuras básicas y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en estas áreas.
Además, es fundamental impulsar iniciativas que promuevan la revalorización de lo rural, destacando su riqueza cultural, sus paisajes naturales y su contribución a la diversidad biológica del planeta. Esto podría incluir programas de turismo sostenible, proyectos de agroturismo y apoyo a la agricultura familiar, que ayuden a generar ingresos y a revitalizar las economías locales. Solo mediante un enfoque inclusivo y sostenible podremos construir sociedades más justas, equitativas y resilientes para las generaciones presentes y futuras.
*Colaborador de Integridad Ciudadana. Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad de Guadalajara
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