Con el afán de que la fiscalización no se convierta en “una moneda de cambio”, contribuya a la corrupción y al manejo discrecional de recursos, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán, aseguró que alistan una reforma amplia en la materia.
Después de que los senadores por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, emitieron un exhorto para solicitar detener la iniciativa de reforma constitucional, mediante la que se pretende modificar los términos, plazos y condiciones para la dictaminación de cuentas públicas de los municipios, organismos autónomos y entes fiscalizables, con lo que buscan atender los legisladores una omisión.
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Y es que, los congresistas federales aseguraron que con la propuesta existe riesgo de que haya opacidad en el manejo de recursos públicos y la legitimación de un régimen de impunidad en el Órgano de Fiscalización Superior.
En conferencia de prensa, el congresista aseguró que hay exhortos que son como “los llamados a misa”, por lo que, puntualizó que nosotros vamos a continuar con el trabajo legislativo que consideremos correcto, porque somos una soberanía, conscientes de que estamos haciendo un trabajo correcto.
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Terán Águila planteó que la falta de información sobre la intención que tienen de implementar una reforma en materia de fiscalización, fue lo que generó el pronunciamiento por parte de los senadores y aseguró que la legislatura no se va a distinguir por ningún tema de corrupción.
Ante la polémica generada, adelantó que están en análisis de una reforma amplia en materia de fiscalización, al externar que “en legislatura pasada hubo una aprobación de cuentas garrafal, por paquete como si estuvieran en promoción y que pocos levantaron la voz”-
Por lo que, detalló que adecuarán la legislación para que les permita una correcta fiscalización, con una serie de reformas, entre las que se contempla modificación de plazos para la toma de protesta al cargo de funcionarios, con lo que pretenden aminorar los problemas en materia de entrega-recepción.
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También, aseveró que prevén los periodos de fiscalización, debido a que la Constitución Política del Estado establece un periodo y la Ley Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas otro, por lo que tendrán que armonizar.
Además, destacó que deberán redefinir responsabilidades de quien en su momento es el auditor, como el papel que juegan los diputados como dictaminadores, y adelantó que es un tema técnico, que ya está en análisis y estudio.
- El legislador planteó que también van a contemplar los plazos de emisión de dictámenes, solventación y el proceso para fincar responsabilidad a la persona que se fiscaliza
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