/ sábado 12 de agosto de 2023

Congresistas integran comisiones para juicios políticos

Durante la sesión, también reformaron un punto de la convocatoria para el parlamento juvenil

Para sustanciar dos solicitudes de juicio político, la Comisión Permanente del Congreso del Estado integró las comisiones respectivas que serán las encargadas de recabar pruebas para tramitar ambas peticiones.

De esta forma, una de ellas estará integrada por los diputados Vicente Morales Pérez, Lupita Cuamatzi Aguayo y Leticia Martínez Cerón, como presidente y vocales, respectivamente.

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Así, los congresistas deberán allegarse de pruebas para dar trámite al expediente parlamentario LXII-SPPJP001/2017, mediante el cual Margarita Mota Reyes promovió solicitud de juicio político en contra de Edgar Roldán Hernández, oficial de partes; Porfirio Lorenzo Juncos Tamayo, secretario de acuerdos y María Esther Juanita Munguía Herrera, juez, todos ellos pertenecientes al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Lo anterior, según el dictamen, por violación a garantías individuales de manera reiterada y trastornar el funcionamiento normal de la institución, en su calidad de servidores públicos.

En este sentido, la comisión tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que refiere el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para sustanciar el procedimiento.

Los detalles:➡️ Aprueban cuenta pública a 4 municipios y 16 entes

Por otro lado, la segunda comisión especial encargada de recabar pruebas relacionadas con el expediente parlamentario LXI-SPPJP007/2016 estará conformada por los legisladores Jorge Caballero Román, Lenin Calva Pérez y María Guillermina Loaiza Cortero, como presidente y vocales, respectivamente.

Lo anterior, ante la solicitud formulada por Claudia Cordero Báez en contra de la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina Maldonado Textle, por violación a derechos humanos y separación del cargo de forma inconstitucional e ilegal, en su calidad de servidora pública.

En la misma sesión, la Comisión Permanente acordó que por única ocasión el parlamento juvenil sea celebrado el 14 de agosto y no el 12, pues este último es día inhábil.


Para sustanciar dos solicitudes de juicio político, la Comisión Permanente del Congreso del Estado integró las comisiones respectivas que serán las encargadas de recabar pruebas para tramitar ambas peticiones.

De esta forma, una de ellas estará integrada por los diputados Vicente Morales Pérez, Lupita Cuamatzi Aguayo y Leticia Martínez Cerón, como presidente y vocales, respectivamente.

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Así, los congresistas deberán allegarse de pruebas para dar trámite al expediente parlamentario LXII-SPPJP001/2017, mediante el cual Margarita Mota Reyes promovió solicitud de juicio político en contra de Edgar Roldán Hernández, oficial de partes; Porfirio Lorenzo Juncos Tamayo, secretario de acuerdos y María Esther Juanita Munguía Herrera, juez, todos ellos pertenecientes al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Lo anterior, según el dictamen, por violación a garantías individuales de manera reiterada y trastornar el funcionamiento normal de la institución, en su calidad de servidores públicos.

En este sentido, la comisión tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que refiere el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para sustanciar el procedimiento.

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Por otro lado, la segunda comisión especial encargada de recabar pruebas relacionadas con el expediente parlamentario LXI-SPPJP007/2016 estará conformada por los legisladores Jorge Caballero Román, Lenin Calva Pérez y María Guillermina Loaiza Cortero, como presidente y vocales, respectivamente.

Lo anterior, ante la solicitud formulada por Claudia Cordero Báez en contra de la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina Maldonado Textle, por violación a derechos humanos y separación del cargo de forma inconstitucional e ilegal, en su calidad de servidora pública.

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