/ jueves 7 de marzo de 2024

Cuenta Tlaxcala con protocolo de actuación policial desde 2023

Con este instrumento se busca asegurar los derechos humanos de manifestantes, colectivos y terceras personas, así como de integrantes de instituciones de Seguridad Pública

Desde el ocho de marzo de 2023 está vigente en el Estado de Tlaxcala el Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en Pro de los Derechos de las Personas.

Mediante este instrumento el Gobierno del Estado busca asegurar los derechos, tanto de grupos de manifestantes, colectivos y personas, así como de integrantes de instituciones de Seguridad Pública.

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El protocolo privilegia el diálogo como principal mecanismo de solución de conflicto, por lo que, en todo momento, las instituciones de Seguridad Pública deben actuar apegadas a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Al respecto, la actuación policial busca garantizar la seguridad de manifestantes “facilitando su libertad de reunión, expresión, manifestación y protesta, y aplicando el diálogo como forma de atención” a sus planteamientos, por lo que quedará como último recurso el uso de la fuerza de manera progresiva, utilizando únicamente equipo antimotin y de protección personal, por parte de los elementos de seguridad, pues queda prohibido el uso de armas letales.

El protocolo prevé además estrategias de control y seguridad vial dentro de los recorridos de las manifestaciones, consistentes en acompañamiento a las personas manifestantes, cortes de circulación y trazabilidad de rutas alternas para el tránsito vehicular, así como el establecimiento de zonas de seguridad y de servicios de emergencia para la protección de las personas participantes.

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También, que se procure la seguridad e integridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos que participen dentro de la manifestación, “respetando en todo momento sus derechos y el desempeño de su labor o trabajo, salvaguardando su integridad personal en caso de tornarse violenta la manifestación”.

Y para proteger su integridad, los elementos de las instituciones de Seguridad Pública van a tener uniforme táctico policial, equipamiento de protección personal y antimotín, así como dispositivos tecnológicos habilitados con el fin de registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo, de forma correcta y segura, con fines de verificación.

Cabe mencionar que, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se establecerán medidas de protección para bienes e instalaciones del dominio público, propiedad privada, y bienes históricos considerados patrimonio cultural de la humanidad, para evitar que sean vandalizados o destruidos.

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Con lo anterior, se pretende que la intervención de los elementos de seguridad sea con estricto apego a los derechos humanos de las personas, con perspectiva de género y garantizando el derecho a una libre manifestación y libertad de expresión.

En coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se establecerán medidas de protección para bienes e instalaciones del dominio público, propiedad privada, y bienes históricos considerados patrimonio cultural de la humanidad, para evitar que sean vandalizados o destruidos.


Desde el ocho de marzo de 2023 está vigente en el Estado de Tlaxcala el Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en Pro de los Derechos de las Personas.

Mediante este instrumento el Gobierno del Estado busca asegurar los derechos, tanto de grupos de manifestantes, colectivos y personas, así como de integrantes de instituciones de Seguridad Pública.

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El protocolo privilegia el diálogo como principal mecanismo de solución de conflicto, por lo que, en todo momento, las instituciones de Seguridad Pública deben actuar apegadas a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Al respecto, la actuación policial busca garantizar la seguridad de manifestantes “facilitando su libertad de reunión, expresión, manifestación y protesta, y aplicando el diálogo como forma de atención” a sus planteamientos, por lo que quedará como último recurso el uso de la fuerza de manera progresiva, utilizando únicamente equipo antimotin y de protección personal, por parte de los elementos de seguridad, pues queda prohibido el uso de armas letales.

El protocolo prevé además estrategias de control y seguridad vial dentro de los recorridos de las manifestaciones, consistentes en acompañamiento a las personas manifestantes, cortes de circulación y trazabilidad de rutas alternas para el tránsito vehicular, así como el establecimiento de zonas de seguridad y de servicios de emergencia para la protección de las personas participantes.

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También, que se procure la seguridad e integridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos que participen dentro de la manifestación, “respetando en todo momento sus derechos y el desempeño de su labor o trabajo, salvaguardando su integridad personal en caso de tornarse violenta la manifestación”.

Y para proteger su integridad, los elementos de las instituciones de Seguridad Pública van a tener uniforme táctico policial, equipamiento de protección personal y antimotín, así como dispositivos tecnológicos habilitados con el fin de registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo, de forma correcta y segura, con fines de verificación.

Cabe mencionar que, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se establecerán medidas de protección para bienes e instalaciones del dominio público, propiedad privada, y bienes históricos considerados patrimonio cultural de la humanidad, para evitar que sean vandalizados o destruidos.

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Con lo anterior, se pretende que la intervención de los elementos de seguridad sea con estricto apego a los derechos humanos de las personas, con perspectiva de género y garantizando el derecho a una libre manifestación y libertad de expresión.

En coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se establecerán medidas de protección para bienes e instalaciones del dominio público, propiedad privada, y bienes históricos considerados patrimonio cultural de la humanidad, para evitar que sean vandalizados o destruidos.


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