Legisladores locales dieron vida a las Procuradurías Municipales para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, con diversas reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tlaxcala.
Por mayoría de votos los congresistas avalaron la iniciativa con carácter de preferente enviada por la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, además de una serie de reformas a la Ley de Asistencia Social para el Estado den Tlaxcala, que dan el sustento legal a estas procuradurías.
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Durante la sesión ordinaria de este martes 20 de septiembre, 23 de los 25 congresistas aprobaron las adecuaciones al ordenamiento para garantizar el interés superior de la niñez para su salvaguarda.
Estas instancias tienen el objetivo a través de sus titulares de garantizar, prevenir, proteger y restituir los derechos de la niñez y la adolescencia, como parte de la estructura del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia y el sistema municipal.
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Entre sus atribuciones estarán las de realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, la defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, que tendrán que ser difundidos con las autoridades competentes.
También, centralizar y supervisar los procesos de protección y restitución de los derechos de este sector de la población, además de crear y administrar un registro con los datos de personas servidores públicos que ostentan alguna representación de menores de edad.
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Las modificaciones a la norma establecen que los 60 ayuntamientos tienen que contar con una procuraduría de protección al menor, conformadas por un titular y un grupo interdisciplinario de profesionales en el área del derecho, psicología y trabajo social (con título y cédula profesional).
Conforme a los argumentos enviados por la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, la relevancia de estás instancias es con la intención de dar atención a los más de 14 mil niños, niñas y adolescentes que sufren de algún tipo de violencia en Tlaxcala.
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Por lo tanto, desde el ámbito municipal los menores de edad vulnerados podrán otorgar asesoría, acompañamiento jurídico, atención psicológica, además de realizar visitas domiciliarias para verificar casos de abuso, entre otras atribuciones.
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los ayuntamientos tendrán un plazo de 90 días naturales para integrar las procuradurías municipales. Las consecuentes administraciones lo tendrán que hacer en los primeros 30 días de su administración.
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