/ viernes 10 de marzo de 2023

INE en Tlaxcala quedará disminuido ante Plan B

En la entidad no cuentan con estimado del monto al cual ascendería la liquidación

Aunque el pasado dos de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación el segundo paquete del llamado Plan B de la Reforma Electoral, con lo que activa una serie de plazos para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras instituciones deban realizar cambios en sus estructuras. Hasta el momento la Junta local en Tlaxcala no ha sufrido ningún cambio.

 

 

De esta forma, en Tlaxcala habría una afectación directa a la estructura y capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, pues los distritos electorales, así como la integración y estructura en las juntas locales, donde actualmente existen cinco vocales, quienes operan y coordinan las actividades, serían reducidos a tres, informó el vocal ejecutivo de la Junta local del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

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Aunado a lo anterior, el funcionario dijo que a nivel de juntas distritales, la afectación es tal que la reforma señala que afectará la capacidad operativa y equipos de trabajo, disminuyendo de seis miembros del servicio profesional electoral que operan en estas, a una sola figura, que es la reforma denomina “vocal operativo”.

 

 

En Tlaxcala, puntualizó, quedaría una sola figura en cada una de las tres oficinas auxiliares, nueva denominación en lugar de las tres juntas distritales; además de que, en la junta local, en lugar de cinco figuras coordinadoras y supervisoras de las actividades, únicamente quedarían tres, aunque reconoció que con claridad no existe un número exacto del impacto en la estructura operativa que sufrirían las juntas locales, distritales y tampoco a nivel delegación.

En este sentido, afirmó desconocer a nivel local a cuánto ascendería el monto de las liquidaciones del personal y la junta local no cuenta con una bolsa cubrir dicho proceso, pues dependen de la federación, aunque a nivel nacional la estimación es de alrededor de tres mil 500 millones de pesos para finiquitar a las personas que sería necesario dejen de prestar sus servicios en el INE, lo cual sería una afectación directa al erario.

Más información:➡️ Inviable para ITE el centralismo electoral, como refiere la reforma

De igual forma, indicó que estos trabajadores, en caso de sentir vulnerados sus derechos, podrán interponer o no los recursos legales, pero eso será una vez llegado el momento de la implementación de dicho plan.

Asimismo, especificó que existe un régimen transitorio que señala que debe operarse y decidirse a finales de este semestre o del otro, además de que en el INE debe haber claridad por si es que debe operarse la reforma en sus términos o declararla inconstitucional y, por ello, no operable, pero debe suceder a más tardar el dos de junio, esto para saber las reglas con las cuales se va al proceso electoral de 2023-2024.

 

 

Sin embargo, a nivel nacional, el Consejo General del INE creó -por unanimidad- el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, con el objetivo de establecer las líneas de trabajo indispensables para que las diversas áreas identifiquen y analicen las posibles modificaciones tanto en su estructura orgánica, como en su normativa, sin dejar de lado el cumplimiento de las funciones torales que tenían a su cargo cada una previa emisión del decreto.

Lee también:➡️ Sobre reforme electoral, cuestiona PAN plan B del Presidente AMLO

Por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con ello se formaliza el inicio de los trabajos para la instrumentación de la reforma electoral que entró en vigor, incluyendo la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE, derivados del así llamado “plan B” y se abre la posibilidad de que los acuerdos de este Instituto puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes.

El Comité, agregó, estará integrado por las cuatro consejeras y tres consejeros electorales de este Instituto, que continuarán en sus cargos y “tendrá que realizar en muy poco tiempo una diversidad de tareas de complejidad mayúscula, y de la mayor trascendencia para el futuro del INE y de nuestra democracia”.

Finalmente, Córdova Vianello presentó un voto concurrente, por considerar que, si bien deben acatar la ley, “desde mi punto de vista, viola flagrante y abiertamente el orden constitucional”.

Más detalles:➡️ [Actualización] Con la consigna "el INE no se toca", se suma Tlaxcala a marcha por el INE

  • El jueves dos de marzo, el presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el segundo paquete del llamado Plan B, en el que activa plazos para realizar cambios en el INE.

 

 

Aunque el pasado dos de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación el segundo paquete del llamado Plan B de la Reforma Electoral, con lo que activa una serie de plazos para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras instituciones deban realizar cambios en sus estructuras. Hasta el momento la Junta local en Tlaxcala no ha sufrido ningún cambio.

 

 

De esta forma, en Tlaxcala habría una afectación directa a la estructura y capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, pues los distritos electorales, así como la integración y estructura en las juntas locales, donde actualmente existen cinco vocales, quienes operan y coordinan las actividades, serían reducidos a tres, informó el vocal ejecutivo de la Junta local del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega.

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Aunado a lo anterior, el funcionario dijo que a nivel de juntas distritales, la afectación es tal que la reforma señala que afectará la capacidad operativa y equipos de trabajo, disminuyendo de seis miembros del servicio profesional electoral que operan en estas, a una sola figura, que es la reforma denomina “vocal operativo”.

 

 

En Tlaxcala, puntualizó, quedaría una sola figura en cada una de las tres oficinas auxiliares, nueva denominación en lugar de las tres juntas distritales; además de que, en la junta local, en lugar de cinco figuras coordinadoras y supervisoras de las actividades, únicamente quedarían tres, aunque reconoció que con claridad no existe un número exacto del impacto en la estructura operativa que sufrirían las juntas locales, distritales y tampoco a nivel delegación.

En este sentido, afirmó desconocer a nivel local a cuánto ascendería el monto de las liquidaciones del personal y la junta local no cuenta con una bolsa cubrir dicho proceso, pues dependen de la federación, aunque a nivel nacional la estimación es de alrededor de tres mil 500 millones de pesos para finiquitar a las personas que sería necesario dejen de prestar sus servicios en el INE, lo cual sería una afectación directa al erario.

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De igual forma, indicó que estos trabajadores, en caso de sentir vulnerados sus derechos, podrán interponer o no los recursos legales, pero eso será una vez llegado el momento de la implementación de dicho plan.

Asimismo, especificó que existe un régimen transitorio que señala que debe operarse y decidirse a finales de este semestre o del otro, además de que en el INE debe haber claridad por si es que debe operarse la reforma en sus términos o declararla inconstitucional y, por ello, no operable, pero debe suceder a más tardar el dos de junio, esto para saber las reglas con las cuales se va al proceso electoral de 2023-2024.

 

 

Sin embargo, a nivel nacional, el Consejo General del INE creó -por unanimidad- el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, con el objetivo de establecer las líneas de trabajo indispensables para que las diversas áreas identifiquen y analicen las posibles modificaciones tanto en su estructura orgánica, como en su normativa, sin dejar de lado el cumplimiento de las funciones torales que tenían a su cargo cada una previa emisión del decreto.

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Por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con ello se formaliza el inicio de los trabajos para la instrumentación de la reforma electoral que entró en vigor, incluyendo la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE, derivados del así llamado “plan B” y se abre la posibilidad de que los acuerdos de este Instituto puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes.

El Comité, agregó, estará integrado por las cuatro consejeras y tres consejeros electorales de este Instituto, que continuarán en sus cargos y “tendrá que realizar en muy poco tiempo una diversidad de tareas de complejidad mayúscula, y de la mayor trascendencia para el futuro del INE y de nuestra democracia”.

Finalmente, Córdova Vianello presentó un voto concurrente, por considerar que, si bien deben acatar la ley, “desde mi punto de vista, viola flagrante y abiertamente el orden constitucional”.

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  • El jueves dos de marzo, el presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el segundo paquete del llamado Plan B, en el que activa plazos para realizar cambios en el INE.

 

 

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