Para que las personas juzgadoras conozcan los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas es necesario capacitarlos continuamente para que resuelvan asuntos relacionados con este sector de la población con interculturalidad, afirmó Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Durante la capacitación “Los derechos de las comunidades originarias y equiparables en el ámbito electoral. Caso Tlaxcala” al funcionariado de instituciones electorales y partidos políticos, la experta resaltó la necesidad de que estos trabajadores y partidos conozcan el derecho a la autonomía, libre determinación y otros derechos colectivos, como es la consulta de las comunidades nahuas y equiparables en Tlaxcala de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales.
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Acompañada de presidentas y presidentes de varias de las 94 comunidades que se rigen por sistemas normativos propios en la entidad, lamentó que muchos funcionarios no sepan cómo trabajar o juzgar con perspectiva intercultural, y en Tlaxcala en particular, con esas 94 comunidades que se rigen por usos y costumbres.
La también miembro del Sistema Nacional de Investigadores explicó que, por ejemplo, la presidenta de comunidad de Álvaro Obregón, en Españita, Nieves Contreras Pérez, los instruyó sobre elementos importantes en las comunidades, así como otros temas de interés colectivo en esos lugares.
Sin embargo, recalcó que actualmente las acciones afirmativas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no son propuesta de las comunidades, sino que las implementó el Instituto frente a una propuesta de diputaciones por asamblea, no de partidos.
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En este sentido, refirió que los presidentes compartieron este caso que actualmente está impugnado en la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, pues tanto el ITE como el TET desecharon ese sistema de selección o adjudicación de 10 diputaciones emanados de asambleas de comunidad.
El ITE dijo ser ajeno a validar las determinaciones de este tipo y que, en todo caso, sería el Congreso del estado el facultado para abordar el tema y darles una solución.
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