A quienes hayan promovido uno de los 55 juicios políticos en contra de funcionarios o exfuncionarios, el Congreso del Estado llamó a acudir a la Secretaría Parlamentaria para reactivarlos, pues de lo contrario fenecerá y será archivado.
En este sentido, el dictamen que fue aprobado por unanimidad de votos, señala que para avisar a los interesados el actuario del Congreso local deberá solicitar la publicación de un edicto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en un periódico de circulación diaria en el estado y en los estrados de la Secretaría Parlamentaria.
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Lo anterior, señala, para que comparezcan personalmente identificadas con documento oficial en el que obre su fotografía, ante el titular de la Secretaría Parlamentaria, a más tardar dentro de los cinco días posteriores a que surta efecto la notificación por edictos ordenada y, en el acto, manifiesten su voluntad en el sentido de que se continúe con el trámite correspondiente a la denuncia, pues de no hacerlo se declarará inoperancia y que ha adquirido los caracteres de antecedente y documento de consulta.
De acuerdo con el documento, obran en la Secretaría Parlamentaria 55 expedientes parlamentarios formados con igual cantidad de denuncias de juicio político, presentadas por diversas personas o entidades en contra de servidores públicos o exservidores de los Poderes públicos o de los órganos autónomos, en ambos casos del Estado, y de los gobiernos de los municipios pendientes de ser tramitadas, luego de haber sido ratificadas por quien o por quienes las suscribieron.
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Asimismo, puntualiza que 55 denuncias de juicio político fueron presentadas ante el Congreso local entre 2014 y 2021, en el transcurso de los periodos de ejercicio legales de las legislaturas LXI, LXII y LXIII, de las cuales 51 de ellas fueron contra de personas que se han separado de los cargos que ostentaban al momento de, en su caso, haber incurrido en los actos u omisiones que se le imputaron y de una de ellas se tiene conocimiento extraoficial del fallecimiento del denunciado. Además, explica que seis de aquellas 51 se habrían presentado contra servidores públicos respecto a los que no procedería, en su caso, el fincamiento de responsabilidad política, por no estar considerados al efecto en lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política Local y 10 de Ley de la materia.
Por economía legislativa propusieron instruir a la suscrita Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes para que luego que sean publicados los edictos que se ordenen, para el efecto citado, certifique el término de que dispondrán las personas denunciantes en los expedientes parlamentario de referencia para efectuar la comparecencia señalada.
