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El gobierno estatal debe garantizar los derechos de las mujeres e impulsar de manera urgente y efectiva las acciones que puedan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el estado, fue el llamado que hizo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), al tiempo que mostró su preocupación por las defensoras tlaxcaltecas, tras los acontecimientos violentos del ocho de marzo.
Tras ofrecer su respaldo a los colectivos de la entidad, Atziri Ávila, integrante de OCNF, pidió que la administración estatal reconozca que Tlaxcala vive un momento crítico y que la violencia contra las mujeres es una problemática que permanece. Luego, enlistó las peticiones para el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, como construir e implementar acciones efectivas que respondan a la problemática de agresiones y determinar un plazo específico para realizar una evaluación de las estrategias.
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En una conferencia virtual, demandó que la autoridad implemente sin retraso las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para que las agresiones disminuyan y se generen políticas públicas de largo alcance, garantizar el derecho de las mujeres a manifestarse libremente en condiciones de seguridad y libertad, revisar los casos de féminas que hayan sido criminalizadas por manifestarse y exigir el alto a la violencia.
Antes, argumentó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en Tlaxcala, fueron asesinadas 37 mujeres en 2021, de total solo 10 se investigan como feminicidio, el resto como homicidio doloso y culposo. En desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, en 2021 fueron documentados 281 casos y 25 violaciones sexuales.
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La integrante del OCNF atajó que el reto de Tlaxcala es grande, pues la entidad es conocida históricamente por prevalecer la violencia criminal, contra las mujeres con delitos como los feminicidios, desaparición, y trata de personas, entre otros.
Por su parte, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, rechazó las acciones discrecionales informales para convocar al acercamiento a las organizaciones, así como el doble discurso del gobierno estatal, por hacer violencia institucional, de ahí que exigió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos rinda un informe público sobre cuáles fueron los mecanismos de documentación y registro durante la presencia de más de 30 integrantes de su personal durante la marcha.
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Además, solicitó a la Oficina de Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Tlaxcala, que presente un informe sobre cuáles son los mecanismos disponibles para atender las agresiones contra periodistas y defensoras de derechos humanos, violentadas por policías y granaderos durante la marcha, además de presentar su plan de trabajo. Posteriormente, recomendó que mujeres y hombres policías en cualquier movilización porten su uniforme e identificación, para que no haya infiltrados.
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