"Muerte civil" para aquellos funcionarios públicos y representantes de elección popular que incurran en cualquier acto de corrupción, propuso la candidata de la coalición "Por México al Frente" al Senado de la República, Minerva Hernández Ramos.
Explicó que se trata de inhabilitarlos de por vida para que no tengan otra vez la oportunidad de laborar en el gobierno estatal o federal, ni a postularse a cargos de elección popular.
La abanderada de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano señaló que la propuesta que forma parte de la Plataforma del Frente, busca frenar el flagelo de la corrupción.
Explicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, ese delito tuvo un costo para el país de siete mil 218 millones de pesos, “lo que equivale a dos mil 273 pesos promedio por persona”, dijo.
EL DATO
- La candidata refirió que en Perú esta figura legal ya funciona y el año pasado el gobierno peruano aplicó la “muerte civil” a 87 funcionarios públicos de 47 instituciones del estado, que fueron sentenciados por corrupción.
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