En Tlaxcala entró en vigencia la figura de Mando Coordinado, que permitirá a las autoridades estatales asumir de manera temporal tareas de seguridad pública de los municipios, siempre y cuando se ponga en riesgo la paz de sus habitantes, previo diagnóstico y sin que pierdan su autonomía.
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Con la publicación de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, en el Periódico Oficial del Estado, quedó vigente la facultad de intervención del Estado en los 60 municipios con el objetivo de disminuir los índices delictivos, la contención de la comisión de delitos de alto impacto, la recuperación de la paz, la reconstrucción del tejido social y la salvaguarda de los derechos de los habitantes.
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Para poder implementar el Mando Coordinado en algún municipio, tendrán que registrase las siguientes causales: la alta incidencia en la comisión de delitos de alto impacto en el territorio; la falta de certificación de los elementos policiales; el aumento de los índices delictivos, independientemente de su naturaleza.
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La figura también aplicará en caso de ausencia de estado de fuerza de elementos policíacos municipales, o la falta de políticas públicas y acciones tendientes a la recuperación de la paz y recomposición del tejido social.
Para poder implementar el Mando Coordinado, el titular de la presidencia municipal deberá solicitar la intervención a la titular del Poder Ejecutivo del Estado. También podrá instarse a la colaboración si la mayoría de los integrantes del ayuntamiento exhortan al alcalde a hacerlo.
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Una vez hecha la petición, la titular del Ejecutivo, a través del Secretario de Seguridad Ciudadana, deberá realizar una propuesta de Dictamen de Mando Coordinado, el cual remitirá al Consejo estatal para su valoración y aprobación.
EL DICTAMEN
La propuesta de Dictamen tendrá que contemplar un diagnóstico de carácter técnico, logístico y estratégico respecto de la necesidad de implementar esta figura en la demarcación y el objeto de intervención.
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Además, contendrá las causas por las que se requiere su implementación; los mecanismos de colaboración entre las instituciones de Policía Estatal y municipal; las estrategias a implementar por parte de la autoridad estatal; el mecanismo de evaluación de resultados; acciones de carácter operativo; las autoridades participantes; temporalidad y declaratoria de Mando Coordinado.
De acuerdo con los criterios establecidos en la normatividad local, esta estrategia podrá ser implementada con el acompañamiento de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil, observatorios ciudadanos y académicos.
LAS ESPECIFICACIONES
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Las acciones de intervención del Mando Coordinado tendrán una duración máxima de tres meses, con opción a prorrogarse por periodos adicionales en tanto subsistan las condiciones que le dieron origen.
En tanto, la supervisión y ejecución de las instrucciones de carácter operativo podrán delegarlas en el Secretario de Seguridad, lo que deberá formar parte de la declaratoria para que surta efectos.
Las autoridades estatales y municipales que participen en las acciones de intervención tendrán la obligación de acatar las órdenes que directamente, o por conducto del Secretario transmita la titular del Ejecutivo del Estado, durante el tiempo de vigencia de la declaratoria.
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MANDO CONCLUIRÁ TRAS LOS SIGUIENTES SUPUESTOS
La declaratoria de Mando Coordinado quedará sin efectos por vencimiento del plazo establecido en el Dictamen y si no existiera solicitud de prórroga, porque la causal o las causales que le dieron origen ya no se registrarán.
El Mando Coordinado podrá establecerse entre dos o más instituciones de los tres órdenes de gobierno o con uno o más estados vecinos.
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Al concluir el Mando Coordinado los ayuntamientos asumirán las tareas de seguridad en un periodo no mayor a 72 horas, tras ser notificados.
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