/ lunes 29 de noviembre de 2021

No es recaudatoria Procuraduría ambiental de Tlaxcala

Congreso prevé un ingreso de $20 millones por multas aplicadas por la dependencia

Cuando los diputados locales avalaron la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, establecieron un posible ingreso mínimo por concepto de multas de 20 millones de pesos.

La propuesta avalada por los legisladores señala que con base en los recursos obtenidos en ejercicios anteriores por parte de la Coordinación General de Ecología, el siguiente año la Procuraduría podría tener un ingreso extra fiscal mínimo de 20 millones de pesos y máximo de 29 millones 332 mil 626 pesos.

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Lo anterior, a través de aprovechamiento por la imposición de multas y de los servicios que ofrecerá, pero el dictamen avalado establece que el mayor rubro será por multas, que van desde las cinco y hasta las cinco mil Unidades de Medida de Actualización.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, explicó que el propósito de ese instituto no debe ser el convertirse en un ente recaudador, pues su función va más allá, como el vigilar el cuidado del medioambiente.

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Cuestionado al respecto, González Hernández sostuvo que el gobierno estatal no buscará la generación de multas, pero aclaró que las empresas y ciudadanos tendrán que apegarse a la normatividad instaurada para evitar las sanciones por no observar, entre otras cosas, la correcta descarga de las aguas residuales o las emisiones al aire.

“Entonces la pretensión es que no haya ningún tipo de multas, si no hay ni 100 pesos es mejor, pues más que nada (la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala) será quien advierta de una posibilidad de ellas, pero su función no es recaudadora”, detalló. Además, indicó que todavía falta la creación del reglamento interno que definirá perfectamente todas las facultades que tendrá esa instancia que, de ser avalado por el Poder Ejecutivo, iniciará sus funciones en 2022.

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Indicó que, en su concepción, la procuraduría fue considerada como un ente con las facultades de sancionar y castigar, pero que la idea no es que sea una dependencia que se dedique solamente a una actuación para generar multas, pues trabajará en la prevención, ayudará a una procuración del cuidado del medioambiente y tendrá la tarea primaria de invitar a todos los entes a que sean cuidadosos para la protección del ecosistema.


“La intención de la procuraduría será tener una vigilancia mucho más cercana del estado en materia de contaminación y cuidado al medioambiente”, indicó.


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Agregó que las actividades de esa institución permitirán complementar las tareas que actualmente lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México.

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Lo anterior, a través de aprovechamiento por la imposición de multas y de los servicios que ofrecerá, pero el dictamen avalado establece que el mayor rubro será por multas, que van desde las cinco y hasta las cinco mil Unidades de Medida de Actualización.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, explicó que el propósito de ese instituto no debe ser el convertirse en un ente recaudador, pues su función va más allá, como el vigilar el cuidado del medioambiente.

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Cuestionado al respecto, González Hernández sostuvo que el gobierno estatal no buscará la generación de multas, pero aclaró que las empresas y ciudadanos tendrán que apegarse a la normatividad instaurada para evitar las sanciones por no observar, entre otras cosas, la correcta descarga de las aguas residuales o las emisiones al aire.

“Entonces la pretensión es que no haya ningún tipo de multas, si no hay ni 100 pesos es mejor, pues más que nada (la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala) será quien advierta de una posibilidad de ellas, pero su función no es recaudadora”, detalló. Además, indicó que todavía falta la creación del reglamento interno que definirá perfectamente todas las facultades que tendrá esa instancia que, de ser avalado por el Poder Ejecutivo, iniciará sus funciones en 2022.

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Indicó que, en su concepción, la procuraduría fue considerada como un ente con las facultades de sancionar y castigar, pero que la idea no es que sea una dependencia que se dedique solamente a una actuación para generar multas, pues trabajará en la prevención, ayudará a una procuración del cuidado del medioambiente y tendrá la tarea primaria de invitar a todos los entes a que sean cuidadosos para la protección del ecosistema.


“La intención de la procuraduría será tener una vigilancia mucho más cercana del estado en materia de contaminación y cuidado al medioambiente”, indicó.


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