Plantean en el Congreso local nuevas medidas para combatir el robo de automóviles y autopartes

Según datos del SNSP, las regiones con mayor incidencia son Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, Tlaxcala y  San Pablo del Monte, dice el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes

Karla MUÑETÓN

  · martes 21 de mayo de 2019

Este día, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, propuso una serie de reformas al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público y a la Ley de Seguridad Pública para combatir el robo de vehículos y autopartes.

En la sesión ordinaria de este martes, el legislador propuso endurecer casi al doble las sanciones para quienes cometen o intervengan en el delito, para que se impongan de 10 a 20 años de prisión y multa de 500 y hasta dos mil días de salario mínimo.

Además, también planteó que para acreditar la legítima propiedad o posesión de vehículos o autopartes - cuando la autoridad así lo requiera- se deberá exhibir contrato de compraventa, nota de venta, factura, carta responsiva u otro documento

donde conste la identidad del vendedor, la descripción de los vehículos o autopartes, la fecha y la dirección de quien lo vende.

Sumado a ello, sugirió que los ayuntamientos deberán integrar un informe de las licencias expedidas para el funcionamiento de comercios de venta de vehículos o de autopartes, para proporcionarla a las instituciones de seguridad pública para efectos de la realización de operativos.

Lo anterior, al argumentar que según datos emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros diez meses de 2018 se habían registrado el robo de al menos mil 829 vehículos, desvalijados para su venta por partes y que la mayor incidencia se registra en Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, Tlaxcala y San Pablo del Monte.

El perredista agregó que el robo y posterior venta de autopartes, se mantiene en cifras imprecisas, ya que a menudo las victimas prefieren no denunciar por considerarlo una pérdida de tiempo o por la desconfianza cada vez mayor en las instituciones encargadas de la seguridad pública.

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