Para el inicio de sesiones del Senado de la República, la senadora Minerva Hernández Ramos presentará una propuesta para establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, esto derivado de la necesidad de transparentar los recursos utilizados para la restauración de monumentos históricos y demás inmuebles.
Lo anterior, señaló, derivado de la reprobación de la cuenta pública del municipio de Tlaxcala, pues presentó un probable daño patrimonial por el orden de los 13.9 millones de pesos y, en consecuencia, el Congreso del Estado no aprobó su cuenta pública de 2022, al presentar, después de una revisión exhaustiva a los Convenios de Coordinación con relación a la restauración y remodelación de recintos históricos patrimoniales, como la capilla El Pocito de Agua Sant,” y el templo de la Santísima Trinidad, pues el entonces alcalde Jorge Corichi se comprometió a garantizar y transparentar la administración de los recursos otorgados.
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No obstante, mencionó, derivado de que la actual Ley no contempla mecanismos de transparencia, fue hasta la revisión de la Cuenta Pública 2022 que salió a la luz la violación de las disposiciones del Convenio, al detectar anomalías como precios superiores a los de mercado (134 mil pesos) en el aplanado y acabado fino, limpieza de enladrillado en muros exteriores, así como pintura en muros y cúpulas.
De manera concreta, manifestó, la propuesta consiste en obligar a los estados, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para que en los Convenios de Coordinación que celebren con la Secretaría de Cultura, publiquen en su página de internet el ejercicio de los recursos que le sean ministrados.
Asimismo, agregó que la Secretaría Cultura deberá publicar en su página de internet, de manera trimestral, el ejercicio presupuestal de los recursos públicos federales ministrados que incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos de inversión en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social.
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Por otro lado, confió en que en el proyecto de Ley en materia de cultura que está elaborando el gobierno del Estado sean contemplados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, subrayó que la propuesta legislativa que presentará contiene una investigación exhaustiva con relación a la reducción presupuestal que ha tenido el Programa Nacional de Reconstrucción, como respuesta a la rehabilitación de los cerca de dos mil 300 monumentos históricos-patrimoniales dañados por los sismos de septiembre de 2017 que produjeron el mayor daño en la historia de la conservación del patrimonio cultural en México, y que se estima que durarán cinco años, es decir, este 2023 tendrían que culminar estos trabajos.
La iniciativa también analiza detalladamente el contenido de los Convenios que se han celebrado desde 2020 para la remodelación de estas obras, en donde el ejercicio de 2020 no presenta observaciones, no así el ejercicio de 2022.
