Para regular las áreas naturales protegidas en el estado y con ello garantizar la supervivencia a largo plazo de la biodiversidad, mantener los servicios ecosistémicos esenciales y promover el bienestar humano a través de prácticas sostenibles, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcela González Castillo, planteó la creación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para Tlaxcala.
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La legisladora expuso la necesidad de garantizar el derecho humano a un medioambiente sano, de ahí que la regulación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es de suma importancia para la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad, así como al bienestar humano.
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Por lo anterior, destacó como razones clave la conservación de la biodiversidad, pues regular las ANP implica la protección de flora y fauna, algunas de las cuales pueden ser endémicas o en peligro de extinción, así como el mantenimiento de servicios ecosistémicos; la investigación y educación, debido a que las ANP proporcionan entornos naturales únicos que son fundamentales para la investigación científica.
Aunado a lo anterior, planteó la necesidad de realizar un turismo sostenible para minimizar el impacto negativo en el entorno y generar ingresos para las comunidades locales a través del ecoturismo, además de evitar la erosión al prevenir la deforestación, la degradación del suelo y la erosión.
De igual forma, con esta disposición la legisladora busca abordar de manera integral estas deficiencias, establecer disposiciones claras y específicas que doten de eficacia y aplicabilidad a las normativas ambientales existentes.
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Con ello, puntualizó, pretende garantizar una gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad a largo plazo, de manera que se contribuya a crear un Tlaxcala climáticamente resiliente, sustentable y sostenible.
En su iniciativa, la diputada especificó que las áreas naturales protegidas serían parques nacionales; zonas sujetas a conservación ecológica; zonas de valor escénico y cuerpos de agua; jardines de regeneración o conservación de especies, entre otras.
La presente ley prevé sanciones económicas que van desde las 100 hasta las 800 veces la Unidad de Medida y Actualización.
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