Para regular las áreas naturales protegidas en el estado y con ello garantizar la supervivencia a largo plazo de la biodiversidad, mantener los servicios ecosistémicos esenciales y promover el bienestar humano a través de prácticas sostenibles, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcela González Castillo, planteó la creación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para Tlaxcala.
La legisladora expuso la necesidad de garantizar el derecho humano a un medioambiente sano, de ahí que la regulación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es de suma importancia para la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad, así como al bienestar humano.
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Por lo anterior, destacó como razones clave la conservación de la biodiversidad, pues regular las ANP implica la protección de flora y fauna, algunas de las cuales pueden ser endémicas o en peligro de extinción, así como el mantenimiento de servicios ecosistémicos; la investigación y educación, debido a que las ANP proporcionan entornos naturales únicos que son fundamentales para la investigación científica.
Aunado a lo anterior, planteó la necesidad de realizar un turismo sostenible para minimizar el impacto negativo en el entorno y generar ingresos para las comunidades locales a través del ecoturismo, además de evitar la erosión al prevenir la deforestación, la degradación del suelo y la erosión.
De igual forma, con esta disposición la legisladora busca abordar de manera integral estas deficiencias, establecer disposiciones claras y específicas que doten de eficacia y aplicabilidad a las normativas ambientales existentes.
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Con ello, puntualizó, pretende garantizar una gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad a largo plazo, de manera que se contribuya a crear un Tlaxcala climáticamente resiliente, sustentable y sostenible.
En su iniciativa, la diputada especificó que las áreas naturales protegidas serían parques nacionales; zonas sujetas a conservación ecológica; zonas de valor escénico y cuerpos de agua; jardines de regeneración o conservación de especies, entre otras.
La presente ley prevé sanciones económicas que van desde las 100 hasta las 800 veces la Unidad de Medida y Actualización.