.jpeg "manifestación tribunl agrario (5).jpeg")
Con protesta pacífica al exterior del Tribunal Unitario Agrario distrito 33, integrantes del ejido de San Luis Huamantla demandaron a la autoridad intervenir para aclarar el destino de 25 millones de pesos que les fueron entregados en 2017.
Más detalles: ➡️[Actualización] Arrecian normalistas protestas contra Sepe; exigen destitución de directivos
Al exterior del Tribunal, ubicado en la calle Independencia de la capital tlaxcalteca, los ejidatarios solicitaron que Alfredo Montiel, quien era secretario del ejido en ese año, rinda cuentas de cómo fue distribuido el dinero entregado por el Gobierno Federal.
.jpeg "manifestación tribunl agrario (3).jpeg")
➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
El recurso corresponde a la indemnización que recibió el ejido por terrenos ubicados en el Parque Nacional Malinche que les fueron expropiados, monto que tenía que ser distribuido de manera igualitaria entre los integrantes, lo que no ocurrió, de acuerdo con los quejosos.
Por esta situación, demandaron penalmente ante el Ministerio Público de Huamantla a Alfredo Montiel, persona que fue nombrada por la asamblea para recibir el dinero y hacer la distribución en 2017; no obstante, los integrantes del ejido señalan que no lo hizo de manera igualitaria y supuestamente cometió fraude al informar que había distribuido dinero a algunas personas, que de acuerdo con los quejosos ya habían fallecido.
.jpeg "manifestación tribunl agrario (1).jpeg")
Te recomendamos: ➡️Suben de tono las manifestaciones | Demandan en la Sesa despido de funcionarios
Además, sostienen que en algunos casos no recibieron los 26 mil 500 pesos que les correspondían, ya que solo les fueron entregados nueve mil pesos o les hicieron firmar documentación sin recibir algún pago.
Por esta situación, Alfredo Montiel promovió una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, en contra del actual comisariado, Jaime Montiel Caballero, el secretario Pedro Mila y la tesorera María José Saldada, para que sean removidos de su cargo.
La primera audiencia fue desahogada por María Eugenia Camacho Aranda, magistrada del Tribunal Tributario Agrario del Distrito 33, quien determinó diferir la audiencia debido a que los integrantes del ejido no contaban con defensa legal y dio vista a la Procuraduría Agraria.
