Para sentar un precedente, el Congreso del Estado dará seguimiento a las denuncias contra 10 exalcaldes y exfuncionarios por supuestamente haber malversado recursos que, en conjunto, suman poco más de 150 millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, Ever Alejandro Campech Avelar, reveló que los conceptos corresponden al periodo 2017-2021 e involucran uno, dos o hasta tres ejercicios fiscales.
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Indicó que las exautoridades ya tuvieron tiempo suficiente para comprobar sus gastos, pero al existir evidentes irregularidades y no existir manera de justificarlos porque la etapa de auditoría ya pasó, así como la de la solventación, ahora corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) proceder con las denuncias legales para que la autoridad competente resuelva su situación jurídica.
Sin embargo, prefirió no mencionar a los exservidores públicos que están en este supuesto para evitar que puedan ampararse ante la justicia, pero sí manifestó que el Congreso local le exigirá al OFS seguir de cerca este procedimiento, el cual han logrado materializar con la detención de Neptalí N., exalcalde de Calpulalpan, gracias al trabajo coordinado entre Poderes y la disposición de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Por otro lado, también adelantó que harán lo propio con los servidores públicos en funciones que no han logrado comprobar sus observaciones y que presentan daño patrimonial, pues “en este tercer año legislativo vamos a hacer un trabajo fuerte de mucho subir, bajar y no solamente queremos que se sancione los exservidores, ya tenemos también a algunos en funciones”.
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En este sentido, puntualizó que le exigirán a su órgano técnico, es decir el OFS, iniciar con las denuncias correspondientes, para que mientras por un lado ejercita acción penal de los servidores públicos porque ya pasó el tiempo que la ley les da para que puedan comprobar, también cuando menos inicien con las carpetas de investigación o las denuncias correspondientes ante la Fiscalía especializada de quienes que se encuentran actualmente en funciones.
Señaló que aquellos alcaldes que en 2021 demostraron daño patrimonial en tan sólo cuatro meses, ahora ya pasó todo el 2022, parte de 2023 y si no comprobaron que empiecen con las denuncias correspondientes, de ahí que la LXIV Legislatura sería la primera que pondría el ejemplo de decir sancionó a los exalcaldes y presentó las denuncias para que iniciaran los procedimientos e investigaciones correspondientes con los actuales presidentes o presidentas municipales.
Explicó que, de acuerdo con la Ley, después de la auditoría los servidores públicos tienen 30 días para solventar y, hasta ahí, no existe un término para subsanar, aunque en la práctica es aproximadamente un año; es decir, después de dictaminar una cuenta pública deben transcurrir 365 días para que los entes públicos tengan para poder comprobar.
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Destacó que después de 13 años ningún presidente tuvo consecuencias en la malversación de recursos, pues las legislaturas únicamente se limitaban a dictaminar las cuentas públicas y, a los tres años, llegaba una nueva y hacía lo mismo, pero ninguna le daba el seguimiento correcto para que tuvieran consecuencias los malos manejos.
NO ES “CACERÍA DE BRUJAS”
En su momento, Ever Campech aceptó que estas acciones no son una “cacería de brujas” y no están persiguiendo ni señalando a nadie que no se lo merezca, pues no enfrentarán a la justicia si no es necesario y a nadie le obligaron a utilizar los recursos de manera distinta para lo que fueron destinados, es decir, que ningún presidente o expresidente municipal en funciones debió o debe gastar incorrectamente el recurso destinado.
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En este orden de ideas, recordó que el exalcalde de Calpulalpan, Neptalí N., fue electo por el Partido Encuentro Social, el cual fue en coalición con la actual administración estatal, de ahí que no podría llamarse “cacería de brujas”, pues la justicia va y no es política, sino hacer lo correcto por todos aquellos ciudadanos que dejaron de recibir un buen servicio en obra pública o básicos como agua potable.
INSISTIRÁN EN EL ÓRGANO
En su momento, manifestó que al ser el OFS un órgano técnico del Congreso del Estado, el Legislativo tiene plena facultad de acudir y preguntar respecto de esta situación para que cualquier exautoridad rinda cuentas, pues al recibir ellos recursos públicos están obligados a comprobarlos.
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Detalló que en el caso del exalcalde de Calpulalpan, ahora enfrenta cargos por el ejercicio fiscal 2017, 2018 y 2019, es decir, que todavía está pendiente lo que no comprobó en el 2020 y 2021, de ahí que la primer denuncia fue presentada en el 2018 del ejercicio fiscal anterior, y así sucesivamente hasta el 2020.
- El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Ever Alejandro Campech Avelar, reveló que los conceptos corresponden al periodo 2017-2021 e involucran uno, dos o hasta tres ejercicios fiscales.
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