INE firma convenio de blindaje electoral con secretarías de Bienestar y Función Pública

El Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con las secretarías de Bienestar y Función Pública en materia de blindaje electoral. El objetivo del acuerdo, que tiene como testigo institucional a la Secretaría de Gobernación, es evitar el uso de los programas sociales para influir en los comicios.

“Este convenio es con el propósito de asegurar que los programas sociales y los recursos que a ellos se destina en el Presupuesto de Egresos de la Federación sean utilizados con estricto apego a la Constitución y a las leyes”, dijo en la firma la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero.La funcionaria aseveró que, con este convenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador refrenda su compromiso para evitar que se usen recursos públicos para la compra o coacción de votos.

Por parte de INE, el acuerdo lo signó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y por la Secretaría de Bienestar su titular, María Luisa Albores González. En el caso de la Función Pública, su titular, Irma Eréndira Sandoval estuvo ausente en el acto por agenda, pero lo firmó de manera previa.

Dicho acuerdo establece que las dependencias gubernamentales entregarán información como los encargados de los programas sociales, los lineamientos de los programas y demás información para detectar posible uso ilegal de fondos públicos.

En su intervención, Córdova Vianello explicó que este convenio tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, con lo que se busca que se blinden los programas sociales no sólo durante estas elecciones sino en todas las que se celebren durante el actual sexenio.

“Sólo puede haber democracia, cuando toda la ciudadanía, independientemente de su contexto, condición social o económica o ideología política, pueden ejercer con plena libertad su derecho al voto”, dijo el consejero presidente del INE.

Finalmente, Albores González aseveró que con este convenio buscan mecanismos para prevenir y sancionar posibles usos ilícitos de programa sociales o de recursos públicos, algo que ya es considerado como un delito grave.

“Es una instrucción de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no permitir actos de corrupción, ni delitos electorales. Tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos, y menso con los recursos destinados a atender a las personas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza”, dijo.