El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) acusó que el gobierno de México, y en particular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, lleva a cabo un trabajo “incipiente” contra los delitos de trata de personas y lavado de dinero, toda vez que no se rastrean los movimientos irregulares de recursos como estrategia para atender estos ilícitos.
A pesar de que el delito de trata de personas ha crecido desde hace al menos cinco años en zonas geográficas del país específicas, el ONC aseguró que las autoridades mexicanas actúan desde el desconocimiento, ya que pese a las diversas modalidades reconocidas a nivel internacional, en México sólo se clasifican en dos tipos, principalmente relacionadas con el crimen organizado, y se olvidan de atenderla desde una perspectiva financiera.
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“Pese a que desde hace décadas en el ámbito internacional este delito (la trata de personas) se persigue con mucha fuerza -se investiga, se usa inteligencia para desarticular redes criminales, se han creado programas y sistemas de protección de las víctimas- y que en nuestro país la primera ley que define el tipo penal, responsabilidades, sanciones y sistemas de atención a las víctimas es de hace 20 años, su combate al día de hoy es muy incipiente”, lamentó la organización civil en su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención”.
En este trabajo, el Observatorio Nacional Ciudadano expuso que desde 2017 a mediados de 2022 se tiene el conocimiento de 296 personas sentenciadas por trata, mientras que en los últimos siete años se tiene conocimiento de cinco mil 698 víctimas de este delito, ello pese al importante subregistro que existe.
“Es relevante recordar que México tiene un grave problema de trata. México es destino, territorio de paso y lugar de origen de niñas, niños, mujeres y hombres víctimas de trata. Por ello y con base en la información oficial de las fiscalías, policías locales y fuerzas federales, sabemos que este delito se comete con mucha frecuencia en nuestro país.
“En contraste, tan solo si revisamos el número de carpetas de investigación que se iniciaron este año por parte de las fiscalías locales, podemos entender la falta de denuncias de las víctimas y de acciones de la autoridad”.
Lo anterior, apunta, porque pese a los diagnósticos y a la documentación que existen en la materia, en los primeros seis meses del 2022 Durango, Campeche, Nayarit y Sonora no reportaron ningún sólo caso de trata, mientras Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, entidad reconocida como una de las más víctimas a nivel nacional tiene anualmente, no reconocen ningún caso en este período.
En este delito, en dos de cada tres casos, las principales víctimas son las mujeres, y en tres de cada 10 son menores de edad. Es por eso que el ONC urge a las autoridades a emplear acciones de inteligencia para dar con los responsables de este ilícito que año con año crece en el país.
Asegura que, de acuerdo con experiencia internacional, seguir la ruta del dinero y de operaciones sospechosas, además de un correcto diseño de tipologías que permita una investigación clara en la trata de personas con fines de explotación sexual, trabajo forzado, tráfico de órganos y explotación infantil, ha dado buenos resultados en la atención de este delito.
“El Observatorio Nacional Ciudadano luego de escuchar los testimonios de especialistas financieros, activistas en contra de la trata de personas y académicos, distinguimos que el punto de arranque para comprender este proceso de blanqueo de las ganancias derivadas de este delito es reconocer las tres fases que lo conforman. La primera fase es la comisión de la trata de personas. La segunda es el manejo de recursos monetarios para realizar las transacciones económicas en las diferentes etapas de la trata y que, al consumarse, producen ganancias ilícitas. La tercera fase es el blanqueo de esos recursos ilícitos”.
Sin embargo, lamenta que aunque exista esta información, las autoridades nacionales como la UIF actualmente tienen un desconocimiento de cómo coadyuvar. Expuso que mientras estaba bajo el mando de Santiago Nieto, el organismo de Hacienda sí otorgó cifras detalladas sobre movimientos de dinero sospechoso, pero ahora, con Pablo Gómez al frente, la Unidad se declaró incompetente.
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Por ello, además de que se les asignen recursos necesarios a las autoridades de procuración de justicia, el ONC llamó a que se impulsen ejercicios de inteligencia financiera y se adopte un enfoque interinstitucional que permita que en delitos de trata de personas se cuente con la colaboración del sistema financiero para seguir la ruta de los recursos.
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