Barcelona, España.- La policía antidisturbios española dejó cientos de heridos (hasta el momento 844) este domingo en Cataluña al recurrir a la fuerza para impedir la celebración de un referéndum sobre la independencia.
La consulta, que ha desatado una de las peores crisis políticas en España en décadas, fue convocado por el presidente regional Carles Puigdemont, después de que los partidos separatistas lograran una estrecha mayoría en el Parlamento catalán en las elecciones de 2015.
El referéndum
En el referéndum se plantea la siguiente pregunta a los ciudadanos: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?".
Sea cual sea su resultado, el gobierno español no reconoce la legalidad de la consulta, que considera como inconstitucional.
La ley del referéndum prevé declarar la independencia en un plazo de 48 horas en caso de victoria del 'sí'. Pero no está claro si el gobierno regional lo hará, dadas las circunstancias en que se celebra la consulta.
Cerca de 5,3 millones de personas están convocadas a las urnas, según las autoridades catalanas, que aseguraron que la mayoría de los 948 municipios de la región aceptaron ceder locales para llevar a cabo el referéndum.
El gobierno español anunció, sin embargo, el cierre de la mayor parte de los 2.315 colegios electorales antes de la votación.
La respuesta
Las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza este domingo en varias oficinas de voto para incautarse de las urnas y de material electoral.
El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, instó este domingo a Cataluña a poner fin a la "farsa" del referéndum, considerado como inconstitucional por el Gobierno y la justicia española.
La policía disparó pelotas de goma contra los manifestantes, según testigos. Y el ministerio del Interior difundió vídeos en los que se ven personas que lanzan piedras sobre los policías.
Puigdemont denunció la "violencia injustificada" de la policía nacional.
Se tiene constancia oficial, de que al menos 465 personas resultaron heridas en incidentes ocurridos cuando la policía intervino para impedir la celebración del referéndum, según los servicios de salud regionales.
Madrid envió 10.000 agentes adicionales a Cataluña, en su mayoría policías antidisturbios, según el diario El País.
La Guardia Civil había bloqueado el sábado las conexiones telemáticas de los centros de votación, los sistemas informáticos de recuento y un sistema que hubiese permitido "una votación online mediante una web", informó Enric Millo.
La región
Este territorio nororiental de 7,5 millones de habitantes, con lengua y cultura propias, representa el 6,3% de la superficie de España, un 16% de su población y un 19% de su PIB.
Cataluña alberga industrias punteras y centros de investigación destacados, entre otros en los campos nuclear y de la biomedicina. Es el origen además de una cuarta parte de las exportaciones españolas y tiene una tasa de desempleo del 13,2%, cuatro puntos por debajo de la media del país.
También es una de las regiones más endeudadas, con una deuda pública equivalente al 35,2% de su PIB (75.400 millones de euros a fines de marzo) y acude regularmente a un fondo de liquidez especial del Estado español.
Causas
Cataluña ya goza de importantes poderes en ámbitos como la educación y la seguridad social.
La crisis económica en España y las críticas sobre el sistema de reparto del dinero público entre la región y el Estado han llevado la causa del independentismo desde la periferia del debate político en Cataluña hasta su centro.
El gobierno regional asegura que una Cataluña independiente sería más rica y tendría una mayor capacidad de proteger su idioma y su cultura.
En noviembre de 2014, Cataluña celebró un referéndum simbólico de independencia. Más del 80% -1,8 millones de personas- votó entonces a favor de abandonar España, con una participación de apenas del 37% de habilitados.
En septiembre de 2015, los partidos separatistas se unieron para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional, y en noviembre sus diputados aprobaron una resolución para lanzar el proceso de secesión, anulada después por el Tribunal Constitucional.
Según la última encuesta encargada por el gobierno catalán en julio, el 49,4% de los catalanes está en contra de la independencia, y el 41,1% a favor.
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