Asociaciones civiles del estado y de la Ciudad de México solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) analizar las presuntas irregularidades que existen en la investigación sobre el caso de Keren N., una joven originaria del estado de Veracruz acusada de participar en el secuestro de una persona originaria de Huamantla.
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A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez solicitó a la Jueza Maricela Sánchez Apan, encargada de resolver el caso en Tlaxcala, aplicar sentencia con perspectiva de género para evitar el uso de estereotipos que trasladen la responsabilidad a Keren N. de acciones relacionadas con un delito que no cometió.
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El llamado surge porque Keren N. enfrenta la última etapa de proceso que hay en su contra y porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) nuevamente presentó una acusación y solicitó 90 años de prisión en su contra.
Por un delito que no cometió, y pese a la falta de pruebas, a los actos de tortura que Keren sufrió y a la discriminación en razón de género, dice el comunicado.
El pasado 16 de octubre su defensa presentó las conclusiones de inculpabilidad, en respuesta a la acusación que formuló la PGJE en la que solicitó una condena de 90 años de prisión.
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En el escrito de conclusiones, la defensa pidió la exclusión de pruebas obtenidas presuntamente mediante violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, como la detención arbitraria, la retención ilegal, la declaración autoinculpatoria lograda tras presuntos actos de tortura y la discriminación por razón de género.
De igual forma, señaló la insuficiencia de pruebas con la que se pretende incriminar a Keren N. al señalar que se tratan únicamente de constancias y documentos generados horas posteriores a su detención, sin que guarden las mínimas formalidades, como son la firma de quienes participaron en diligencias.
Lamentamos que la PGJE de Tlaxcala haya perdido la oportunidad de retirar los cargos contra Keren y, en cambio, haya optado por sostener la acusación en su contra, a pesar de tratarse de un caso en donde no existen pruebas lícitas para señalarla como responsabledice el comunicado.
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Reprobó que con ello quede en evidencia la existencia de prácticas violatorias a los derechos humanos en los procesos de justicia -como la tortura- que afectan al sistema de justicia en México.
LA HISTORIA DE KEREN
El 11 de diciembre de 2015, todavía convaleciente por el nacimiento de su hija que había nacido un mes antes, Keren N. se encontró en la casa de quien entonces era su pareja sentimental para recibir la manutención, y fue ahí donde inició su calvario.
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A su domicilio en Veracruz arribaron personas armadas a bordo de vehículos no identificados, quienes sin decirle nada la detuvieron junto con su hija recién nacida.
Las autoridades acusaron a Keren N. de haber sido la cuidadora de la persona que presuntamente fue secuestrada por el papá de su hija y otro hombre, en Huamantla, Tlaxcala.
A decir de los defensores legales, desde el primer momento, presuntamente fue víctima de diversas violaciones a sus derechos humanos ya que durante casi 11 horas fue golpeada, asfixiada y amenazada con que le harían daño a su bebé aparentemente con el fin de inculparse. Después supieron que esos actos fueron cometidos por policías federales y elementos de la policía ministerial de Tlaxcala.
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En tanto, desde ese momento, fue separada de su hija y tuvieron que pasar 14 días para tener información de la bebé, pues había sido entregada al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala para ponerla en adopción.
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