EDGAR ALFONSO ALDAVE AGUILAR*
- Es innegable pensar que la Administración Pública debe replantear la forma de trabajo y la prestación de sus servicios, el descontento generalizado de la ciudadanía a las instituciones públicas en mayor o menor medida, se ven reflejadas día a día en el quehacer gubernamental, la pregunta constante ha sido el cómo poder eficientar sus servicios.
En primer momento, es importante aclarar que la idea de una reforma integral a la gestión pública tiene, en su estudio e investigación por lo menos 50 años, con lo que la idea de desencanto social no es nueva y tampoco que es un mal que aqueja únicamente a nuestro país, pues desde la séptima década del siglo pasado han existido movimientos que buscan modificar la administración pública en busca de dos principales objetivos: la eficiencia presupuestaria y el bienestar social.
Las propuestas han sido variadas y entre las que destacan, son una fiscalización rigurosa a las instituciones de gobierno, la profesionalización del capital humano y la gerencialización de las mismas, y en otros casos, la democratización de las instituciones.
Me atrevo a comentar esta última, ya que desde una perspectiva social es pilar fundamental de las organizaciones ciudadanas. La democratización de las actividades gubernamentales de las instituciones públicas permitirá apreciar de manera clara la diferencia entre la democracia procedimental (elecciones), de la política como ejercicio del gobierno.
Esto, desde mi perspectiva es muy importante, pues generalmente se evalúa a la democracia en general (el sistema democrático mexicano), en relación a los niveles de bienestar que una población tiene, situación más que controversial, ya que la democracia procedimental por si misma nunca podrá aminorar o eliminar los problemas sociales.
Un ejemplo de esta mala concepción, es afirmar que la democracia en México no ha tenido avances, pues se evalúa a través del crecimiento económico, los niveles de pobreza o desigualdad, de seguridad pública y un sinfín de factores que el gobierno tiene la obligación de atender; dejando de lado factores cualitativos y cuantitativos como las transiciones de poder entre partidos políticos, figuras ciudadanas, equidad de género y, como fin teleológico, que la transición del poder se realice de manera pacífica y ordenada.
- El democratizar a las instituciones de gobierno permitiría la obtención de una reforma integral de la concepción del mismo, un gobierno abierto, transparente, comprometido con la rendición de cuentas, pero sobre todo cercano a la población, escuchando sus necesidades e implementando políticas públicas a favor de éstos.
La vieja idea de que el gobierno es la representación del poder omnipotente que se ejerce sobre la población ha caducado, los conceptos de servidor público, rendición de cuentas y participación ciudadana son, desde mi óptica, los que deben prevalecer en un nuevo modelo de gobernar.
No omito ni demerito los esfuerzos que se han realizado en México y en varias Entidades Federativas; contamos con instituciones supervisoras y revisoras del gasto reformadas, instituciones que promueven el acceso a la información, marcos normativos en temas de participación ciudadana, entre otros. Lo que creo falta, es apropiarnos de ellos, para enriquecerlos y aplicarlos.
Es por ello que, para una verdadera reforma a la Administración Pública, debemos tomar en serio la democratización de las instituciones donde la población, incluida en ella a las y los servidores públicos, debemos respetar, proteger y promover la información y participación activa de todos.
- *Consejero del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
