En las últimas entregas de este espacio se opinión, se puso atención en los factores que inciden en el desarrollo de un proceso electoral ordenado y en paz en el Estado de Tlaxcala. En principio, se estableció que el gobierno estatal y las autoridades electorales han hecho su parte, al establecer condiciones de colaboración institucional para asegurar la realización de elecciones seguras que animen la participación ciudadana.
Se hizo constar que, desde la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el gobierno estatal acordó con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) la instrumentación de mecanismos de seguridad durante el proceso electoral.
También, que desde la integración del Paquete Económico 2024, el Poder Ejecutivo fortaleció con recursos adicionales los presupuestos anuales de ambos organismos electorales para favorecer el cumplimiento de sus funciones institucionales.
Incluso, que, de modo inédito, el Ejecutivo estatal promovió la creación del Protocolo Estatal para Blindaje Electoral 2024, y del Protocolo de Actuación para la Protección de Candidatos en el Proceso Electoral 2024, para ofrecer instrumentos que permitan la equidad de la contienda electoral entre partidos, así como la protección de las y los candidatos que participan en las campañas.
Por otra parte, se abordó la necesidad de llevar a cabo campañas responsables y propositivas, y de que candidatas, candidatos e instituto políticos evitaran la fragmentación política mediante discursos o actos que exacerben la violencia y socaven los esfuerzos emprendidos por consolidar la paz.
Se hizo referencia, por ejemplo, a que el Índice de Paz México (IPM) 2024, que sitúa a Tlaxcala entre los estados más pacíficos del país, advertía que la situación de la violencia política en el territorio nacional coincide con el aumento de la polarización política, ocasionada por las marcadas divisiones entre ideologías políticas rivales que debilitan la cohesión social.
Y todo este antecedente resulta importante para evidenciar la indeseable actuación de algunos actores políticos que, con acusaciones sin evidencias, manchan la credibilidad del proceso electoral con el claro objetivo de lograr una pírrica ventaja política. Tal es el caso del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien, a través de un comunicado señaló sin pruebas al Ejecutivo de un uso faccioso del Estado por exigir la destitución de directores de policías municipales que carecen de controles de confianza. Otro más es el del candidato del PT al Senado de la República, Rodrigo Cuahutle, quien a su vez emitió un pronunciamiento en el que sugiere que las autoridades estatales lo quieren “privar de la libertad” sin ofrecer más detalles de tal especulación.
Ambos casos suponen calumnias electorales, es decir, señalamientos falsos, formulados de modo malicioso, para causar daño a las instituciones y al proceso electoral, pues a falta de elementos que comprueben sus aseveraciones, implican mentiras basadas en situaciones fuera de contexto.
Resulta delicado que el dirigente nacional del PAN relacione el desarrollo del proceso electoral con el trabajo del Consejo Estatal de Seguridad que, en efecto, solicitó a 19 alcaldes sustituir a sus directores de seguridad pública, debido a que carecen de certificaciones para ejercer sus funciones y están violando la normatividad federal y estatal. Al final, si hay alcaldes de su partido se sienten afectados por tal determinación, están en libertad de proceder conforme a derecho para sostener a sus titulares de seguridad, ante lo cual deberán asumir su responsabilidad legal y administrativa.
Asimismo, es preocupante que un personaje que aspira a representar a Tlaxcala ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión se quiera presentar como víctima de una persecución, sin recurrir antes a las instancias competentes a defenderse, y todavía es más grave que, ante los hechos de violencia suscitados en Teolocholco, que ya están siendo investigados, sugiera que la violencia la impulsa el gobierno. Es decir, ¿cuál es el propósito de lograr la representación popular si no se confía en las instituciones ni se les prestigia? La voluntad, intención o ánimo de injuriar para causar ofensa o desprecio, es reprobable. Las y los actores políticos deberían conducirse con respeto a la ley, pero, sobre todo, con responsabilidad social, porque la legalidad no se puede exigir desde la ilegalidad. Ellas y ellos deberían ser los primeros en entender que la polarización política es un fenómeno que deriva, en buena medida, de su negligente actitud en el marco de la competencia electoral.
