Incrementar los niveles de bienestar de la población exige a los gobiernos el desarrollo de estrategias encaminadas a mejorar su calidad de vida, con acciones prioritarias para quienes enfrentan mayores carencias o viven en situación de vulnerabilidad. Y un ejemplo claro de ello es el caso de las personas con discapacidad.
Mejorar la calidad de la atención a favor de este sector es un reto importante que implica una visión amplia y ordenada del quehacer institucional, para que el otorgamiento de subsidios, apoyos y servicios contribuya, de modo más efectivo, a transformar su realidad.
Esta reflexión es necesaria para comprender las razones por las que el Congreso del Estado aprobó este jueves el Acuerdo por el que se autoriza al Poder Ejecutivo la extinción del Organismo Público denominado “Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD)”.
Debemos recordar que, poco antes del inicio de la actual administración estatal, el Poder Legislativo avaló una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, a partir de la cual, y a propósito del comienzo del nuevo sexenio, inició en Tlaxcala un proceso de reingeniería administrativa que permitió la modernización de distintas instituciones.
Precisamente, en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, quedó establecido el compromiso de lograr una administración pública más austera, eficiente y eficaz, para lo cual era necesario evitar la duplicidad de funciones en la estructura de gobierno, con el objetivo de disponer de los recursos públicos de un modo más racional.
Es así como, por efecto de la nueva legislación y del cumplimiento de los objetivos del PED, el gobierno estatal instrumentó un Plan de Reestructura de la Administración Pública para desaparecer, fusionar, liquidar o reformar entidades que no responden a los cambios políticos, sociales, culturales y económicos de los últimos años en el estado.
En consecuencia, se determinaron diversas acciones de reestructuración, entre las que destacan las relacionadas con la nueva Secretaría de Bienestar, a la que le fue transferido el ITPCD, precisamente, porque dentro de sus atribuciones está la coordinación de la política de desarrollo social, encaminada a la atención de los sectores sociales más desprotegidos, entre ellos las personas con discapacidad.
De hecho, esta dependencia tiene a su cargo el diseño e implementación de las políticas y programas para las personas con discapacidad, a fin de garantizar la plenitud de sus derechos, por lo que la extinción del ITPCD es una decisión analizada con antelación y planeada con base en la ley.
Ciertamente, en 2010 se expidió la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, que sustentó la creación de dicho Instituto, el cual cumplió su función a lo largo de su vigencia.
No obstante, la modernización del aparato gubernamental favoreció la creación de una dependencia encargada de la política de desarrollo social que, en el caso de las personas con discapacidad, ha dado atención a diversas demandas, no solamente en materia de ayudas funcionales, sino también de consultas, diagnósticos y terapias físicas, capacitación para el trabajo, y hasta una pensión económica.
El PED señala dentro de sus líneas de acción que se deben “utilizar en forma efectiva, eficaz y eficiente los servicios e infraestructura disponibles en Tlaxcala, para atender a la población con discapacidad”, además de ampliar la oferta en sitios estratégicos, como las unidades de rehabilitación, para proporcionarles servicios de terapia integral.
Entonces, la extinción del ITPCD no afecta ni la atención ni los servicios a este sector, porque hay una dependencia fortalecida que se encarga de ello.
La tarea de eliminar instituciones redundantes para suprimir la duplicidad de funciones es importante para que las partidas presupuestales se encausen al financiamiento de acciones que respondan con más contundencia a las necesidades sociales.
Afortunadamente, los poderes Ejecutivo y Legislativo han coincidido en la necesidad de abatir los despachos inútiles, concentrando las funciones y tareas en las dependencias centralizadas, para que los presupuestos dispersos se reorienten a programas significativos que aseguren mayor impacto social.
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