La nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala entró en vigor, y es oportuno hacer consideraciones puntuales respecto a lo que ello implica, porque la iniciativa impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y aprobada con el respaldo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, establecerá las bases de coordinación de una nueva política de seguridad ciudadana en la entidad.
Un aspecto que vale la pena notar en esta nueva legislación es la manera como la titular del Poder Ejecutivo anticipó escenarios de seguridad para la población tlaxcalteca, con una perspectiva de derechos humanos.
En la justificación de esta norma, la mandataria señaló la necesidad de generar las condiciones que permitan a su administración responder a las expectativas de las y los tlaxcaltecas en esta materia, porque la realidad es que su administración recibió un estado sin un marco jurídico actualizado y sin una política criminal con bases preventivas ni con enfoque de reinserción social.
De hecho, los diagnósticos en seguridad realizados al inicio su gobierno identificaron confusión sobre las competencias de seguridad ciudadana, rezagos en la preparación profesional y capacitación de las corporaciones policiacas, y una falta la coordinación y organización de tareas en materia de seguridad.
Ante esta situación, resultó fundamental que, a través de una nueva legislación, se reformularan acciones, procedimientos, capacidades institucionales y acciones en materia de seguridad, para darle valor estratégico al mantenimiento del orden público y la paz social.
Si bien los trabajos interinstitucionales generados al interior de las Mesas para la Construcción de la Paz le permitieron a Tlaxcala volver a ser el estado con menor incidencia delictiva del país, y observar un comportamiento a la baja en este indicador, como lo indican las estadísticas oficiales, la gobernadora vio la necesidad de ir más allá, y actualizar la normatividad vigente para fortalecer la coordinación entre el Estado y los municipios.
A nivel nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé la distribución de competencias entre instituciones de este sector, y mecanismos de coordinación y organización entre los tres órdenes de gobierno.
Con base en ello, la titular del Ejecutivo logró una ley que abrirá la posibilidad de contar con un programa integral de política criminal que fortalecerá la cadena de mando policial, incluida la figura del Mando Coordinado, un modelo de intervención temporal para prevenir diferentes tipos de violencia y de actos delictivos, bajo un esquema colaborativo con los municipios.
Recientemente, Lorena Cuéllar manifestó que, para ella, ha sido muy importante no dejar solos a las y los presidentes municipales, pues trabaja para todas y todos los tlaxcaltecas, sin importar colores. Y lo tiene claro porque fue presidenta municipal, y ahora que es gobernadora, ha podido anticiparse a sus requerimientos, como los relacionados a las labores de seguridad.
Fue así como, desde el inicio de su gobierno, respaldó a las autoridades municipales con la entrega de patrullas, uniformes, equipo tecnológico, armamento, certificaciones y exámenes, pese que algunos de estos apoyos no son responsabilidad del estado.
Lamentablemente, no todas las autoridades municipales asumieron el mismo nivel de compromiso, de ahí que la nueva Ley de Seguridad compensará esa situación con disposiciones que mejorarán la coordinación y organización de las tareas en materia de seguridad desde el ámbito municipal.
Por todo ello es que la nueva legislación en seguridad pública y ciudadana jugará un papel estratégico, no solamente para mantener bajos los índices de inseguridad, sino para instrumentar mecanismos para la prevención de delito, desde lo local, para proteger a las y los ciudadanos de los componentes violentos que dañan la convivencia social en la entidad.
