Garantizar la seguridad de la población es, sin lugar a dudas, una prioridad. Y su atención implica la voluntad y la decisión de quienes, legalmente, son responsables de procurarla.
Por eso, resulta relevante la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana para el Estado de Tlaxcala que, recientemente, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros envió a las y los diputados locales para su análisis y discusión.
Apenas el miércoles pasado, durante la presentación del informe de Incidencia Delictiva correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, habló de esta norma diseñada para mejorar los niveles de seguridad estatal a partir del mando coordinado.
Esto significa que, a partir de la actuación al marco normativo estatal, las acciones entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y las áreas de seguridad de los 60 municipios serán más estrechas por medio de mecanismos que buscan preservar el orden y la paz social, pero también la disminución de los índices delictivos.
Con la iniciativa preferente elaborada por el Poder Ejecutivo, y avalada por unanimidad por el Poder Legislativo, el Estado de Tlaxcala contará ahora con condiciones para responder a los desafíos que plantea el fenómeno delictivo.
Por ejemplo, las policías municipales dependerán administrativamente de sus respectivas Presidencias, pero operativamente del titular de la SSC.
También, se creará la figura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno (Segob), al que, por sus funciones, estará adscrito el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3).
Además, la promoción de la sensibilización y profesionalización de las instituciones de seguridad se llevará a cabo con perspectiva de género y de derechos humanos, al igual que la organización del tránsito vehicular, y las condiciones de seguridad y control de los Centros de Reinserción Social.
De esta manera, las autoridades estatales y municipales tendrán un orden institucional más acorde a las necesidades del estado, mismo que responde a las demandas de diversos grupos de la sociedad tlaxcalteca.
Los problemas de Tlaxcala deben ser atendidos de manera corresponsable por las autoridades en su conjunto, de ahí que la participación y colaboración de los poderes, y de los niveles de gobierno, resulta fundamental.
En definitiva, las y los ciudadanos quieren que sus autoridades trabajen en equipo, de manera unida, pensando en la manera de resolver los retos que enfrenta la entidad.
Lograr que Tlaxcala se mantenga como el estado más seguro del país es un objetivo común y, por lo tanto, la tarea todos.
