En Tlaxcala, la llamada “Marcha por nuestra democracia” resultó ser una simulación. Se supone que esta manifestación sería de carácter civil para defender la autonomía de las próximas elecciones. Pero no fue ni lo uno ni lo otro, porque estuvo encabezada por políticos y aspirantes a cargos de elección popular, quienes utilizaron esta convocatoria para lanzar críticas carentes de sustento.
El movimiento convocado por la sociedad civil organizada a nivel nacional fue absorbido en Tlaxcala por actores políticos francamente impresentable que únicamente buscaron protagonismo para tratar de atraer reflectores mediáticos rumbo al inicio de las campañas electorales.
Ahí vimos a Anabell Ávalos Zempoalteca, quien perdió la contienda por la gubernatura de Tlaxcala en 2021, para convertirse luego en dirigente estatal del PRI, y dejar esa posición para buscar ahora la candidatura al Senado de la República.
Valdría la pena preguntar, ¿con qué cara sale a “defender” la democracia, cuando una diputada local la acusa de violencia política? ¿O cómo puede demandar legalidad cuando aún no aclara las razones por las que el Gobierno de Estados Unidos le canceló su visa y la declaró persona non grata? Los ciudadanos tlaxcaltecas aún esperan que aclare los señalamientos en su contra por presunto tráfico de influencias y supuestas actividades fraudulentas cuando fungió como alcaldesa capitalina.
También se apreció la asistencia de Miriam Martínez Sánchez, quien recientemente pidió licencia como dirigente estatal del PAN para encabezar la lista de candidaturas a diputados locales plurinominales. Al igual que los últimos presidentes estatales del blanquiazul, la esposa del también alcalde de Apetatitlán usó su posición para garantizar su pase al Congreso local. ¿Cómo puede hablar de “defender” la democracia, cuando no la procuró al interior de su propio partido?
Así, las principales impulsoras de la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” hicieron evidente el trasfondo electorero de la movilización de este domingo, donde se dejaron ver más políticos hambrientos de puestos, como Mariana Jiménez Zamora, que contenderá por esta alianza a la Diputación federal por el Distrito 01; la senadora Minerva Hernández Ramos, que quiere ser Presidenta Municipal de Tlaxcala; la diputada Blanca Águila Lima, que echó mano de su estructura, la Red BAL, que ha venido trabajando en su posicionamiento político; y hasta el presidente municipal de Panotla, Xavier Santacruz, que pese a ser repudiado por sus paisanos, insiste en sacar raja política al relleno sanitario de esa comuna.
Quienes afirman que la defensa de la democracia es tarea de todos están en lo correcto. Y en Tlaxcala, vale la pena observar que las autoridades han asumido con responsabilidad esta demanda.
Por principio de cuentas, el Ejecutivo estatal garantizó en el paquete económico para 2024 suficientes recursos para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y para el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), los cuales fueron finalmente autorizados por el Congreso del Estado. La Gobernadora del Estado y los integrantes de la actual legislatura local coincidieron en la importancia de asegurar el correcto desarrollo del proceso comicial.
También, el gobierno estatal planteó el proyecto de Acuerdo de Integridad y Civilidad Democrática 2023-2024, para que autoridades gubernamentales, actores e instituciones electorales, colaboren y contribuyan a generar condiciones de seguridad para el adecuado desarrollo del proceso electoral. Lamentablemente, las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD anticiparon que no lo signarían, privilegiando así su papel de oposición, y evidenciando su simulada “defensa” de la democracia.
Y hace unos días, la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz recibió a los representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del ITE para establecer acuerdos encaminados al logro de mecanismos y estrategias que permitan mantener a Tlaxcala como un sitio de paz y tranquilidad, de cara a los próximos comicios.
Estos antecedentes indican que, en Tlaxcala, la democracia se defiende con hechos basados en ejercicios de autoridad, contrario a lo pretendido por los políticos de siempre que con su diatriba quieren confundir a la ciudadanía para mantenerse en posiciones de poder, ya que con su “marcha” demostraron que, en realidad, salieron a defender sus privilegios.
Sin embargo, y a pesar de todo, el gobierno estatal garantizó la seguridad y el derecho de libre manifestación de quienes participaron en esta movilización, con lo cual se respetó también su libertad de expresión, condiciones fundamentales que expresan, sin duda, la vigencia de la democracia en Tlaxcala.
Las principales impulsoras de la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” hicieron evidente el trasfondo electorero de la movilización de este domingo, donde se dejaron ver más políticos hambrientos de puestos
