La integración de los gobiernos, la gestión de las administraciones y políticas públicas inciden en las posibilidades de desarrollo. Es posible que el ejercicio de gobierno genere mejores condiciones para el crecimiento económico y el desarrollo social; por otro lado, también es posible que una gestión pública deficiente tenga como consecuencia la desaceleración económica, la caída en la confianza institucional, etc. Generalmente, un gobierno eficaz significa mejor atención a los problemas públicos y, por tanto, mayor satisfacción social y previsión de mejorías en el ejercicio de los derechos sociales.
En el caso de América Latina, los procesos de desincorporación de funciones del Estado, la reducción de los espacios de regulación de los gobiernos y la crisis de los Estados de Bienestar en el siglo XX, generaron gobiernos con otras tendencias. Ese periodo de desregulaciones significó la imposibilidad para atender una buena parte de los problemas sociales. Empero, los periodos de crisis demostraron la necesidad de renovar la gestión pública: primero, fortalecer los gobiernos de la región; segundo, reconocer la participación de otros actores (más allá de los estrictamente gubernamentales) para la gestión de lo “público” y la implementación de políticas públicas a partir de modelos como la gobernanza y el gobierno abierto.
El cambio político descrito ha implicado un proceso de transición desde la inacción pública (el periodo de los años 90 hasta la primera década del siglo XXI) hasta la reinvención del Estado y gobiernos. Los sobresaltos de las crisis económicas, políticas y sociales se han ido maximizado en un contexto en el que los gobiernos -prácticamente todos- cuentan con recursos limitados, información incompleta, problemas complejos y diversos. Gobernar se ha movido, entonces, en medio de un proceso de cambio de la filosofía política del Estado, de recomposición técnica de las administraciones públicas, pero con el avance permanente de los problemas sociales como la desigualdad, la pobreza o la inseguridad.
Esto explica que los gobiernos sigan enfrentando retos clásicos para avanzar en la agenda pública y por tanto los bajos registros en los niveles de confianza y satisfacción entre la población. El caso mexicano es interesante porque, a pesar de sostener problemas públicos -muchos de ellos compartidos en la región de América Latina- los niveles de confianza en los últimos años han mejorado, incluso superando el promedio regional.
Recientemente fue publicado el informe “Panorama de las Administración Públicas: América Latina y el Caribe 2024”, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Ahí, se indica que en ALC -de un análisis en total de 16 países- solamente el 36.3 % confiaba en el gobierno nacional en 2022. El dato es llamativo si se compara el comportamiento promedio de los países que integran la OCDE o de otra región, también es alarmante comparativamente con datos previos, tan sólo en 2008 el 43 % de la población en ALC señalaba confiar en el gobierno nacional.
El caso del gobierno federal en México es disruptivo porque -junto con Costa Rica- son los países con mayor confianza en el gobierno nacional y el que mayor avance registró en los últimos 6 años. El resultado de la medición puede estar vinculada con percepciones, con un análisis de resultados de la gestión pública o con la valoración de la narrativa política que -dicho sea- está presente en el ejercicio de todos los gobiernos, en tanto resultados de procesos políticos.
Lo que demuestra el informe y la mejoría en la confianza ciudadana al gobierno nacional en México es, por decirlo, una ruta crítica para contar con mejores administraciones públicas. El camino está en la formación de políticas públicas que favorezcan a la mayor parte de la población; atender los problemas estructurales que históricamente han afectado las posibilidades de desarrollo colectivo e individual y contar con una estrategia eficaz de comunicación y diálogo con los sectores de la población. El panorama de las administraciones públicas en América Latina puede ser alentador, siempre y cuando mantenga intacto la idea de que el sentido de lo “público” debe orientar el ejercicio del poder y el gobierno.
Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
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Los sobresaltos de las crisis económicas, políticas y sociales se han ido maximizado en un contexto en el que los gobiernos -prácticamente todos- cuentan con recursos limitados, información incompleta, problemas complejos y diversos.
