Una luz que se extingue o una que renace de cenizas V

Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos…intentarán por medios sutiles entregar[la]… a los inversionistas extranjeros

Adolfo López Mateos

En tanto se define o no una “pausa” táctica por los grupos parlamentarios para discutir la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal hasta el próximo año, así como la situación que enfrentará el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, para comprobar sus dichos sobre los sobornos que permitieron la reforma energética de 2013, esta columna sugiere abordar otro de los puntos y oportunidades esenciales que presenta la reforma eléctrica planteada.

En esta ocasión, bien vale la pena poner en contexto lo que acontece en México cuando hablamos de energía eléctrica desde una perspectiva social y de consumo.

Si uno estudia los datos de México sobre el uso de la energía, es posible sostener que después del sector transporte y el sector industrial, el sector residencial representa el tercer lugar en consumo de energía en todo el país.

Es decir, nuestros hogares consumen y requieren de energía eléctrica para potenciar el bienestar social y económico, y guste o no, también es un medio para aliviar la pobreza y elevar el nivel de vida; cabe decir que la reforma eléctrica planteada por el ejecutivo federal introduce el concepto de energía eléctrica como “Derecho Humano”, con lo cual, no solo se plantea un giro de 180 grados respecto a otros derechos constitucionales, si no que posibilita y plantea la Transición Energética del país como un modelo social bajo la rectoría del estado casi único en el mundo.

Y es que, si lo revisamos un poco, la energía eléctrica se ha constituido en un bien común; sin ella sería imposible conservar alimentos, medicinas, usar calefactores o ventilación, cargar los móviles, los servicios de seguridad, telecomunicaciones, utensilios de higiene, computadoras, almacenamiento de datos, etcétera.

Por estas razones, es lógico suponer que el consumo de la energía eléctrica ha aumentado exponencialmente en el país, pues las variables de crecimiento poblacional y el consumo privado (estilos de vida) sustentan y acompañan la inercia del sector residencial como una tendencia de consumo eléctrico imposible de detener.

Es así como, el número de hogares presenta un crecimiento constante, como consecuencia del crecimiento de la población; mientras en 1995 había 20,3 millones de hogares conformados por 94,5 millones de habitantes, para 2021 se registran poco más de 127 millones de habitantes, con 42 millones de hogares. (Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética de México 2018, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía).

Pero lo verdaderamente relevante de estas estadísticas en crecimiento es el dato de que, no obstante a que el consumo privado depende de los ingresos de los individuos, y que este presenta altibajos por las crisis económicas (ingresos) de 2001, 2019, así como las de 2019-2021 (Covid-19): resulta que “el consumo de energía eléctrica prácticamente se ha mantenido constante en los últimos 20 años”. Para decirlo más claro, hoy es imposible de dejar de consumir la energía eléctrica se tenga o no se tenga el ingreso para pagarla.

Y es justo aquí, donde es necesario hablar sobre la cultura y las prácticas que prevalecen en el país donde no solo no cuidan el uso de la energía eléctrica, sino que además recurren a prácticas ilícitas para robarla. Un problema que, de acuerdo con la CFE, cuesta a todos los mexicanos alrededor de 50 mil millones de pesos anuales, la mayor parte por actos ilícitos en la red de distribución como el uso de “diablitos” o manipulación de medidores, colgado de cables a la red o acometidas, entre otras que también abarcan errores administrativos o daños en los equipos de medición.

• *Analista Político Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.