El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundar y Oxfam plantearon impuestos a la riqueza neta y a la propiedad que podría beneficiar al país con ingresos tributarios adicionales por 99 mil millones de pesos.
Este impuesto consistiría en un tasa neta de 3.5 por ciento sobre patrimonios superiores a 10 mil 746 millones de pesos, donde se tomarán en cuenta inmuebles, automóviles, cuentas bancarias, bonos, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro de vida, embarcaciones aeronaves joyas, obras de arte y antigüedades, así como derechos de propiedad intelectual o industrial.
Esto representaría un equivalente al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), o bien, 2.8 por ciento del total de los ingresos tributarios en el país, que es más que lo presupuestado para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y 8.2 veces más que lo destinado a los Institutos Nacionales de Salud en 2021.
Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, apuntó necesario que el Estado mexicano aumente los recursos disponibles para atender la crisis y avanzar hacia un sistema tributario “menos discrecional y más progresivo, es decir, un sistema que grave el patrimonio y los ingresos de quienes tienen mayor capacidad económica”.
En México los ingresos tributarios del gobierno representan 16.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asciende a 33.8 por ciento, lo cual deja a al país como la nación con la menor recaudación tributaria como proporción del tamaño de su economía.
Las tres organizaciones de la sociedad civil explicaron que los impuestos a la riqueza surgen como una opción temporal y extraordinaria para financiar políticas de emergencia sanitaria y de recuperación económica tras la pandemia global, luego de que el espacio fiscal para políticas públicas pasó de representar el 6.4 por ciento de la economía nacional en 2016 a 2.2 por ciento en 2021
“Esto implica que los recursos que se encuentran disponibles para el financiamiento de educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales como guarderías o transferencias monetarias son cada vez menores, lo que significa que la cobertura o la calidad de estos bienes y servicios pu
Iván Benumea explicó que se deberán establecerse umbrales de exención amplios para que este impuesto sólo sea pagado por las personas con mayor riqueza, sin distinción entre los tipos de activos que poseen.
Así mismo, estas tres organizaciones de la sociedad civil (OSC) proyectaron un impuesto a las herencias y donaciones familiares, por el que estiman una recaudación potencial de entre cinco mil y 30 mil millones de pesos anuales, mientra que al hacer el comparativo con países de la OCDE “el potencial podría encontrarse en 50 mil y 160 mil millones de pesos. Esto es un rango del 0.2 al 0.7 por ciento del PIB”.
En tanto, propusieron mejorar la recaudación del impuesto predial y de las tenencias, ya que si todas las entidades adoptaran tasas progresivas en el pago de tenencias como las de la Ciudad de México, igualaran valores catastrales con los de mercado y no recurrieran a descuentos fiscales, se podrían recaudar hasta 378 mil millones de pesos pesos al año, equivalentes al 1.5 por ciento del PIB.
Para el caso de las tenencias, definieron que se podrían recibir hasta 80 mil millones de pesos, si todas las entidades cobran lo mismo, pues entre 2011 y 2018 los ingresos por tenencias a lo largo del país pasaron de un promedio de 238 pesos a 82 pesos por persona, es decir, 71 por ciento menos.
Entre las opciones que plantean el CIEP, Fundar y Oxfam para gravar los altos ingresos y reducir los beneficios fiscales se encuentran: mejorar la progresividad de las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que el diseño actual propicia que las personas de los deciles más altos paguen relativamente poco.
“Únicamente las personas con ingresos iguales o mayores a 324 mil 845 pesos mensuales cotizan en la tasa más alta y de acuerdo con datos del SAT, sólo 0.8 por ciento de los contribuyentes que presentaron una declaración anual en 2015 fueron deudores de la tasa de 35 por ciento. Bajo este escenario, una ampliación de la base que tributa bajo la tasa marginal más elevada, procurando mantener la carga impositiva para las clases medias sin aumentos, podría incrementar la disponibilidad de recursos y contribuir a la mitigación de la desigualdad en la distribución del ingreso”, señala el estudio.
Así mismo, plantearon modificar los tratamientos preferenciales a las ganancias de capital a través de acciones o por ganancias en ventas de algún inmueble, ya que “las personas de mayores ingresos tienen como principal fuente de ingresos los generados por el capital, y los hogares más pobres dependen sólo de los ingresos generados por su trabajo”.
Por su parte, presentaron sustituir las deducciones personales por créditos tributarios, toda vez que actualmente es posible deducir 10 tipos de gastos personales y cada uno de ellos se concentra en las personas de mayores ingresos.
“De acuerdo con la información del último año disponible, en 2021 las deducciones personales podrían costarle al Estado cerca de 27 mil 530 millones de pesos, lo que equivale al monto estimado para dar acceso al agua e instalar 2.7 lavamanos en los planteles de educación básica donde actualmente no tienen uno”, apuntan.
El estudio muestra que del total de contribuyentes que recibieron este beneficio, el 10 por ciento de mayores ingresos concentraron 79.9 por ciento, mientras que el 10 por ciento de menores ingresos sólo representaron 0.1 por ciento del monto total deducido.
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“Estos beneficios también tienen un componente de género: sin ninguna excepción, son los hombres del decil 10 quienes aplican más deducciones, tanto sujetas como no sujetas al límite global”, indican en su reporte.
Es por ello, que impulsan reemplazar las deducciones personales por créditos tributarios, que también son gastos fiscales y reducen el monto de impuestos a pagar, pero a diferencia de las deducciones personales, el monto a reducir en los impuestos es calculado con una misma tasa para todos los contribuyentes, debido a que los créditos tributarios no se aplican sobre los ingresos anuales de las personas, sino sobre el ISR ya determinado.
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