/ miércoles 24 de abril de 2024

Busca diputada garantizar trato digno a mujeres víctimas de violencia

Propuso aplicar sanciones a quienes omitan estas disposiciones

Para que cuando una mujer (niña o adulta) solicite ante la autoridad alguna orden de protección reciba un trato digno y, en caso de incumplimiento a esta obligación, sean aplicadas las sanciones correspondientes a quien o quienes sean responsables por acción u omisión, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora consideró imperante que al brindar asistencia a las mujeres víctimas de violencia sea a partir de un trato digno, pues resulta ineludible para garantizar su bienestar y su acceso a la justicia y ejercicio pleno de sus derechos eliminar toda conducta o trato que implique revictimización o que vulnere su dignidad.

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En este sentido, manifestó que es necesario que las mujeres que fueron víctimas de algún hecho de violencia en cualquiera que fuese su entorno, reciban un trato respetuoso y digno, pues no sólo es un derecho fundamental, sino también una parte esencial del proceso para brindarles justicia.

Asimismo, la propuesta señala que las autoridades están obligadas a dirigirse a la víctima con un lenguaje respetuoso, de ahí que tendrán prohibido realizarle interrogatorios ofensivos o comentarios lesivos; evitarán actuar bajo prejuicios, estereotipos, ideologías o creencias que induzcan hacia la descalificación de los dichos de las mujeres denunciantes; y se abstendrán de incurrir en cualquier acto u omisión que constituya revictimización.

De igual forma, la iniciativa prevé que cuando una mujer o una niña víctima de violencia solicite una orden de protección a la autoridad, esta instancia estará obligada a proporcionarle la información completa y detallada sobre los alcances, procedimiento, consecuencias y seguimiento de la misma, pero tendrá que utilizar un lenguaje respetuoso, claro, sencillo y empático, además de evitar cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.

Más información:➡️ Con cárcel penarán en Tlaxcala la violencia vicaria

Además, menciona que las autoridades competentes que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia, decretarán las órdenes de protección correspondientes, al privilegiar la integridad y seguridad de las víctimas.

Aquellos funcionarios que desacaten o incumplan con las disposiciones serán causa de responsabilidad que se determinará y sancionará de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las de orden civil o penal que pudiesen determinarse.


 

Para que cuando una mujer (niña o adulta) solicite ante la autoridad alguna orden de protección reciba un trato digno y, en caso de incumplimiento a esta obligación, sean aplicadas las sanciones correspondientes a quien o quienes sean responsables por acción u omisión, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora consideró imperante que al brindar asistencia a las mujeres víctimas de violencia sea a partir de un trato digno, pues resulta ineludible para garantizar su bienestar y su acceso a la justicia y ejercicio pleno de sus derechos eliminar toda conducta o trato que implique revictimización o que vulnere su dignidad.

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En este sentido, manifestó que es necesario que las mujeres que fueron víctimas de algún hecho de violencia en cualquiera que fuese su entorno, reciban un trato respetuoso y digno, pues no sólo es un derecho fundamental, sino también una parte esencial del proceso para brindarles justicia.

Asimismo, la propuesta señala que las autoridades están obligadas a dirigirse a la víctima con un lenguaje respetuoso, de ahí que tendrán prohibido realizarle interrogatorios ofensivos o comentarios lesivos; evitarán actuar bajo prejuicios, estereotipos, ideologías o creencias que induzcan hacia la descalificación de los dichos de las mujeres denunciantes; y se abstendrán de incurrir en cualquier acto u omisión que constituya revictimización.

De igual forma, la iniciativa prevé que cuando una mujer o una niña víctima de violencia solicite una orden de protección a la autoridad, esta instancia estará obligada a proporcionarle la información completa y detallada sobre los alcances, procedimiento, consecuencias y seguimiento de la misma, pero tendrá que utilizar un lenguaje respetuoso, claro, sencillo y empático, además de evitar cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.

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Además, menciona que las autoridades competentes que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia, decretarán las órdenes de protección correspondientes, al privilegiar la integridad y seguridad de las víctimas.

Aquellos funcionarios que desacaten o incumplan con las disposiciones serán causa de responsabilidad que se determinará y sancionará de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las de orden civil o penal que pudiesen determinarse.


 

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