En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas, así como mujeres representantes de trabajadoras al servicio del estado; con discapacidad y pensionadas, convocaron a sus pares a sumarse el próximo jueves a la marcha pacífica, esto para exigirle a las autoridades el respeto a sus derechos humanos y el fortalecimiento de los órganos garantes de éstos.
En rueda de prensa, las representantes de los diversos sectores hicieron un llamado al gobierno estatal, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para respetar el derecho a la libre manifestación de los contingentes presentes, donde estarán mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, trabajadoras domésticas, obreras e indígenas, así como víctimas y ofendidas, pues será un espacio abierto.
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En este sentido, exhortaron a las autoridades a evitar actos de provocación en contra de la marcha o de las participantes, además de respetar la decisión de las trabajadoras que decidan marchar, permitirles salir de los espacios gubernamentales y no evitar que paren el 9 de marzo, así como evitar la filtración de policías mujeres en los contingentes, pues de hacerlo lo considerarán como ataque del Estado.
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Por otro lado, María del Pilar Meneses Torres, trabajadora de base afiliada al sindicato "7 de Mayo", anunció la participación -por primera vez en la historia del sindicato- de las mujeres en esta marcha pacífica, pues coinciden con los colectivos en la defensa de los derechos de las trabajadoras y en la organización hay quienes sufrieron despidos injustificados por parte de las autoridades vulnerando sus derechos.
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Asimismo, mujeres pensionadas estarán presentes en la exigencia colectiva del próximo jueves, pues aseguraron las han afectado en sus garantías y no les han respetado lo pactado, de ahí la necesidad de reclamar justicia.
Finalmente, por quienes padecen una discapacidad, demandaron a las autoridades que las protejan y cuiden el cumplimiento del principio de igualdad, pues existen limitaciones al ser vulnerables, aun cuando el Estado debería ser el primero en tutelar sus derechos.
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