El ingreso de una unidad vehicular a un corralón puede convertirse en todo un calvario para los automovilistas tlaxcaltecas, ante las altas cuotas económicas y presuntos actos de corrupción que prevalecen en instancias como la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y las corporaciones policiacas municipales y estatal.
Ya sea por participar en un accidente de tránsito, cometer una infracción que amerite corralón o ser víctima de algún robo de una motocicleta, vehículo, camioneta o cualquier unidad, sacarla de un corralón para recuperarla se ha convertido en un viacrucis que a muchos los obliga a abandonar sus unidades.
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Basta darse una vuelta por los depósitos de vehículos oficiales o particulares para percatarse de que la imagen es repetitiva: se pueden observar decenas o centenas de automóviles apilados unos sobre otros y en algunos casos ya solo queda el cascarón.
Escuchar la palabra corralón remite a un golpe a la economía, pues la carga burocrática para sacar una unidad es considerable, aunado a presuntos actos de corrupción; la permanencia en estos espacios puede ir de los seis mil, 50 mil o hasta los 100 mil pesos.
Gonzalo N. tardó un mes para recuperar su unidad
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En abril de 2022 a Gonzalo N. le robaron su motocicleta, unidad que utilizaba para trasladarse y como principal herramienta para su trabajo.
Recordó que, aunque daba por perdida la unidad, a la semana de haber efectuado el reporte de robo recibió una llamada de la PGJE para informarle que su motocicleta había sido recuperada.
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No obstante, el calvario vino después, pues un trámite que de acuerdo con el portal de la dependencia no se lleva más de 30 minutos, se alargó por más de un mes.
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Gonzalo narró a este Diario que, al entrevistarse con la autoridad le pidieron acreditar la propiedad de su unidad, para eso presentó la factura y credencial de elector; no obstante, este procedimiento se prolongó una semana pues el agente del Ministerio Público le informó que primero tendrían que cotejar los documentos con los números de serie de la unidad.
Cuatro días después, al regresar a la dependencia, el funcionario que lo había atendido amablemente ya ni siquiera lo reconoció y lo recibió una hora después de haberse presentado, después sacó un paquete de expedientes (alrededor de 50), se los puso frente a su rostro y le mostró que el suyo era el último en la fila.
“De inmediato entendí que lo que quería era que le diera una lanita de por medio para agilizar mi caso, sin decirme una palabra lo entendía. Pero, yo no tenía por qué darle nada a este señor”, relató.
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Después de un mes y días, admitió que se vio forzado a exigir que agilizaran su caso y gracias a que conocía a algunas personas en la PGJE, fue como le entregaron su unidad. Aún recuerda que cuando se entrevistó la primera ocasión con el personal del Ministerio Público le aseguraron que su unidad se encontraba en buenas condiciones y no había sido objeto de desvalijamiento, pero para su sorpresa, cuando la recibió ya no tenía la pila y le quitaron un faro con todo y cable, según relató a este Diario.
El único argumento que le dieron es que como había sido robada normalmente las desvalijan, aunque a él le habían dicho lo contrario, pero desesperado por recuperar su unidad de transporte optó por llevársela en esas condiciones y cubrir además los cuatro mil 500 pesos por concepto de corralón.
Independientemente del motivo que haya ameritado que una unidad esté en un corralón, en todos los casos el primer paso que una persona debe efectuar para iniciar el trámite de recuperación es acreditar la unidad.
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Los primeros requisitos para que una unidad sea devuelta son: presentar un oficio del Ministerio Público de Devolución de Vehículo en original y copia, así como original y copia de la identificación oficial del propietario (en el caso de las aseguradoras, los representantes deben anexar copia del Poder Notarial y de la Cédula Fiscal).
De ahí, el oficio de devolución debe remitirse al Departamento Administrativo de la PGJE, realizar el pago correspondiente en el banco autorizado, recibir el formato de autorización y finalmente acudir a la Comandancia de Vehículos Robados y Recuperados para recibir la unidad.
La instancia encargada de procurar justicia refiere que este procedimiento no lleva más de 30 minutos, pero en realidad este tiempo se puede extender un mes o más de 180 días.
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El retraso en el tiempo de recuperación de la unidad incrementa de manera drástica el costo del trámite debido al derecho de piso que se debe cubrir.
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Para acreditar la unidad el interesado debe presentar en original y copia la factura y una identificación oficial del propietario, ambos documentos deben coincidir a la perfección, pues ante cualquier alteración no procederá la devolución.
En esta etapa los peritos de la PGJE revisan que la factura coincida con todos los números de serie en la unidad vehicular.
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Luego verifican que la factura no sea falsa y que la unidad no haya sido utilizada para cometer un delito.
En tanto, si el aseguramiento fue por un reporte de robo y se recuperó, el propietario debe dar de baja el reporte ante el Ministerio Público, proceso que lleva de uno a tres días. Una vez superada esta etapa, deben efectuarse peritajes en avalúo, daños y verificar que el vehículo no presente alteración ni esté relacionado con alguna otra carpeta de investigación, proceso que, de acuerdo con la carga laboral de los peritos, puede tardar entre un día a tres semanas.
Pese a que el corralón de la PGJE se encuentra a escasos 100 metros de la dependencia, sus tiempos se encuentran medidos, por lo que los usuarios deben esperar a que los peritos estén libres para cumplir con esta tarea.
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Y el procedimiento es más extenso si el motivo del traslado de la unidad fue por haber participado en un accidente de tránsito, ya que debe existir un dictamen donde se establezca que las partes en conflicto están conformes; y si la unidad fuese reclamada por dos o más personas deberá implementarse un procedimiento jurídico alterno.
Un paso más es cubrir el pago por las infracciones que haya cometido, en caso de haber participado en un accidente vehicular, después de todo esto es como el propietario ya obtiene su oficio de liberación.
TRASLADO Y DERECHO DE PISO GENERAN ALTOS COSTOS
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Sin duda, el pago de derecho de piso es el principal problema al que se enfrentan los dueños de los vehículos después de haber superado por varias semanas todos los trámites para poder recuperar su unidad.
Esto contempla cubrir el adeudo por concepto de arrastre de la unidad o servicio de grúa así como el tiempo que estuvo a resguardo en el corralón particular o del gobierno del Estado.
El primer golpe a los bolsillos de los ciudadanos es el pago del servicio de grúa, cuyo costo fluctúa de acuerdo a la empresa de que se trate, pues en el caso de “Grúas Hermanos Díaz” y “Grúas Tlaxcala” manejan costos elevados.
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Aunque se solicitó conocer el costo de los servicios de las principales concesionarias de la entidad, los empleados se negaron a informar sobre los mismos, pues exigieron presentar la orden de liberación para poder brindar cualquier información.
A través de pláticas informales con los operadores y empleados, detallaron que los montos de arrastres de carros particulares van entre seis y siete mil pesos, no obstante, si para el enganche del auto efectúan una maniobra adicional como alinear la unidad, sacarla de un bache o voltearla, el cobro puede incrementar desde dos hasta 10 mil pesos.
En el caso de camionetas, camiones o tractocamiones, donde incluso se utilizan grúas grandes, los costos son mayores. Mientras que, las empresas denominadas como “pequeñas” sus costos suelen ser hasta 50 por ciento más baratos.
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Cabe mencionar que las primeras dos empresas son las que predominan o tienen las concesiones en la mayor parte del territorio estatal.
Es decir, que el costo mínimo de un arrastre que no haya requerido de maniobras adicionales es en promedio de siete mil pesos y con maniobras extras alcanza en promedio los 10 mil pesos.
Otro gasto oneroso es el denominado derecho de piso, pues por cada día que una unidad haya pasado en el corralón, se tiene que pagar el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se encuentra tasada para este 2023 en 103.74 pesos, es decir, si su vehículo estuvo en el corralón un mes, el pago es de tres mil 153 pesos y si se quedó un año, de 37 mil 844 pesos.
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El promedio de estadía en el corralón es de 45 días, por lo que el costo es de cuatro mil 668 pesos.
Sumado a lo anterior, si la unidad presenta alguna avería mecánica hay dos opciones: pagar un costo adicional de unos mil o mil 500 pesos a los operadores de grúas para sacarla del depósito o sacarla a empujones.
En muchos casos los dueños de vehículos se ven forzados a cubrir ese costo adicional, ya que aunque no se haya visto involucrada en un accidente, la unidad no arranca o le aparecen otras fallas.
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Aunque con el inicio de la actual administración, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, firmó un Decreto en el que estableció que el cobro de corralón sería condonado a los propietarios de unidades que se encontraran en estos espacios para ayudar a la economía de sus familias.
Esta medida solo se acató los primeros meses, pues cada vez que una unidad era llevada al corralón, en automático se llevaban a los corralones particulares, donde forzosamente deben pagar el derecho de piso.
De hecho, de acuerdo con los propios encargados de los corralones que forman parte del gobierno del Estado, desde los primeros días de este año recibieron la indicación de no recibir ninguna unidad, además de que los espacios con que cuentan están prácticamente saturados.
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El arrastre de grúa puede alcanzar los 10 mil pesos, especialmente si para el enganche del auto efectúan una maniobra adicional como sacar la unidad de un bache.
Aunque en teoría el trámite para sacar una unidad del corralón debería tardar 30 minutos puede extenderse por más de 180 días
Si una unidad se queda en un corralón por un año, la estadía cuesta más de 30 mil pesos.
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Aunque en teoría el trámite para sacar una unidad vehicular del corralón debería tardar 30 minutos, puede extenderse por más de 180 días.
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