Con tendederos de pañuelos verdes y la colocación de leyendas ¡clausurado por omisión!, colectivas demandaron al Congreso del Estado la despenalización del aborto en Tlaxcala.
Esta movilización mantiene cerrado al tránsito vehicular la calle Ignacio Allende; en tanto, una comisión es atendida por las legisladores Lorena Ruiz y Diana Torreón para conocer sus demandas.
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En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las colectivas solicitaron sea reconocido la autonomía de decisión de sus cuerpos, así como los derechos reproductivos como garantías humanas.
Plantearon que la penalización del aborto impide que las mujeres accedan a servicios de salud digna para la interrupción del embarazo, que orillan a muchas de ellas a abortos clandestinos y en condiciones insalubres.
Las organizaciones destacaron que la criminalización, reducción de servicios, estigmatización y las actitudes despectivas de profesionales de la salud, obligan a muchas mujeres a viajar a estados como la Ciudad de México e Hidalgo donde el aborto es legal, o a utilizar medicamentos que tienen un costo para muchas inaccesible o prácticas riesgosas.
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De acuerdo con datos de la Ddeser Tlaxcala, durante el 2023, han acompañado a mil 697 mujeres, mientras que otros colectivos y organizaciones atienden semanalmente por lo menos 10 casos de adolescentes, jóvenes y mujeres que interrumpen el embarazo.
Sostuvieron que el 40 % de estos casos son producto de las múltiples violencias -incluida la sexual- hacia las mujeres; el 15 % son causas de salud; mientras que, el 10% por fallas anticonceptivas y el 35 % restante por decisión de las mujeres.
Los colectivos consideraron que existen omisiones por parte de los legisladores para atender el tema, pese a que el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto y pidió que las entidades federativas reformaran sus códigos penales.
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Y el pasado 6 de septiembre, la máxima corte resolvió como inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo, lo mismo que al personal médico que brinda este servicio.
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