/ jueves 7 de julio de 2022

El Estado no debe ser proxeneta, acusa Alejandro Gómez

Hay muchas circunstancias que ocurren en temas de trata que no son denunciadas

El Estado mexicano no puede ser proxeneta y bajo ninguna circunstancia debe usar el registro de personas que consumen mujeres para beneficiarse de los ingresos que genera este flagelo, acusó Edgar Alejandro Gómez Jaime, docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Lo anterior, durante su participación en el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, donde abordó los estudios de Óscar Montiel, destacado investigador de la UATx que se ha especializado en la trata de personas. Precisó que generar una política criminal para el efecto de la trata de personas, no tendría que ser regulada por el Estado, más bien debe ser una política que condene y sancione al consumidor.

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Mencionó que otra idea es partir de los casos que ocurren cada día por este flagelo, pues los que logran denunciar son muy pocos respecto a la realidad, pero esto no ocurre por miedo o no querer entrar al sistema, más bien es porque no quieren que sean evidenciados.

En cada día hay muchas transacciones de consumo que no son denunciadas a la autoridad porque se supone que hay un intercambio económico que se ha denunciado como un tema de violencia patriarcal, capitalista y colonial

No te pierdas:➡️Exigen refugios para víctimas

En ese sentido, dijo que una de las primeras distinciones que deben hacer es tener claro que hay muchas circunstancias que ocurren día a día en temas de trata que no son denunciadas y no lo harán, lo que significa que hay una cifra negra y el índice de impunidad no es del 98.1 %, pues el porcentaje sería mucho más alto sí contabilizaran los hechos.

Por lo tanto, dijo que una parte importante en la que debe involucrarse el Estado mexicano es en diseñar una política criminal adecuada y no solo legislativa en función de ciertas presiones sociales o necesidades, de ahí que debe ser una visión estructural del Estado para resolver o tener un mecanismo adecuado y efectivo.

Te recomendamos:➡️Para víctimas debe ser dinero decomisado a proxenetas

  • El Estado mexicano debe diseñar una política criminal adecuada, aseguró Edgar Alejando Gómez Jaime.

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El Estado mexicano no puede ser proxeneta y bajo ninguna circunstancia debe usar el registro de personas que consumen mujeres para beneficiarse de los ingresos que genera este flagelo, acusó Edgar Alejandro Gómez Jaime, docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Lo anterior, durante su participación en el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, donde abordó los estudios de Óscar Montiel, destacado investigador de la UATx que se ha especializado en la trata de personas. Precisó que generar una política criminal para el efecto de la trata de personas, no tendría que ser regulada por el Estado, más bien debe ser una política que condene y sancione al consumidor.

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Mencionó que otra idea es partir de los casos que ocurren cada día por este flagelo, pues los que logran denunciar son muy pocos respecto a la realidad, pero esto no ocurre por miedo o no querer entrar al sistema, más bien es porque no quieren que sean evidenciados.

En cada día hay muchas transacciones de consumo que no son denunciadas a la autoridad porque se supone que hay un intercambio económico que se ha denunciado como un tema de violencia patriarcal, capitalista y colonial

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En ese sentido, dijo que una de las primeras distinciones que deben hacer es tener claro que hay muchas circunstancias que ocurren día a día en temas de trata que no son denunciadas y no lo harán, lo que significa que hay una cifra negra y el índice de impunidad no es del 98.1 %, pues el porcentaje sería mucho más alto sí contabilizaran los hechos.

Por lo tanto, dijo que una parte importante en la que debe involucrarse el Estado mexicano es en diseñar una política criminal adecuada y no solo legislativa en función de ciertas presiones sociales o necesidades, de ahí que debe ser una visión estructural del Estado para resolver o tener un mecanismo adecuado y efectivo.

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