La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a las autoridades municipales y estatales por presuntamente incurrir en omisiones en la correcta aplicación de la ley, y en su obligación de prevención de violaciones de derechos humanos.
La recomendación general está dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; a la procuradora General de Justicia, Ernestina Carro Roldán; a la presidenta municipal de Mazatecochco, Leandra Xicohténcatl Muñoz; y a los alcaldes de Chiautempan y Nopalucan, Gustavo Jiménez Romero y Pedro Pérez Vásquez, respectivamente.
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De acuerdo con información oficial, presuntamente los funcionarios no actuaron ante los linchamientos e intentos de linchamientos ocurridos en Mazatecochco, Chiautempan y Nopalucan, al no garantizar el derecho humano a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, así como por la omisión de dar protección, auxilio y seguridad pública de manera oportuna.
La Recomendación General 02/2022 busca que las autoridades mencionadas reconozcan la existencia de esos actos violentos cometidos por grupos de personas en contra de una o más en inferioridad numérica, pues la consecuencia es el linchamiento o el intento.
También les pide que trabajen para crear políticas públicas para la prevención y erradicación de cualquier acto que implique violaciones a los derechos humanos, pues la ley establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, y que en el ámbito penal implica un hecho con apariencia de delito, cometido por una multitud.
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En un escenario de linchamiento se debe procesar legalmente a los responsables y evitar estigmatizar a toda la población, ya que en ocasiones los agresores pueden afectar a inocentes de ese delitos, violentando con ello el principio pro persona, quien es prejuzgada por toda la opinión pública, alterada por las informaciones vertidas por los vecinos, familiares o amigos, así como la información mediática, señala la recomendación.
Por ello, subraya, la restitución de la autoridad, su buen funcionamiento, la correcta aplicación de la ley, el límite a la función de los cuerpos policiacos y los ministerios públicos, es fundamental para el ejercicio de sus atribuciones, y así erradicar que comunidades enardecidas hagan justicia por propia mano.
En el comunicado, la CEDH señala en esos casos un obstáculo es que la persona golpeada y entregada a la justicia, en el mejor de los casos, puede no reconocer a quienes lo agredieron, por lo que la agresión se pierde en el anonimato y no hay a quien comprometer directamente hasta que no haya una investigación que deslinde responsabilidades.
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Esclarecer los linchamientos y llevar a la justicia a los causantes sería un ataque de las autoridades al delito y un mejoramiento notable en la procuración de justicia que reduzca la impunidad, por la cual es necesario políticas públicas que permitan rescatar a las víctimas, además de concientizar a la población de que la mejor decisión es entregar a los acusados a las autoridades, agrega.
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