El municipio de Benito Juárez mantiene vacío de poder en la Sindicatura y no tiene quién los represente legalmente, toda vez que el representante popular que asumió el cargo en 2021, Armando Rosales García, solicitó licencia al cargo para contender por la alcaldía y su suplente, Gerardo Terrones Guerrero, perdió la vida.
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Así lo dio a conocer la presidenta interina, Olivia Romero Hernández, pues el pasado 29 de febrero, el Cabildo autorizó la licencia temporal de la alcaldesa Laura Yamili Flores Lozano y de Rosales García.
En el caso de la primera regidora Olivia Romero, tomó protesta al cargo de alcaldesa interina, no así en el área de la representación legal del ayuntamiento.
En dicha sesión también otorgamos licencia temporal sin goce de sueldo al ciudadano Armando Rosales García para separarse de su cargo de síndico del ayuntamiento de Benito Juárez, pero no fue posible cumplir con lo ordenado por el artículo 25 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que señala que las faltas temporales mayores a 15 días o absolutas del síndico deben ser cubiertas por el suplente, admitió.
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Lo anterior, en virtud de que el ciudadano Gerardo Terrones Guerrero, suplente del abogado del pueblo, lamentablemente falleció el pasado 19 de marzo del año 2023, lo cual acreditaron con la copia certificada de la función emitida por el oficial del Registro Civil del municipio de Calpulalpan.
Por todo ello, la Cuenta Pública de Benito Juárez correspondiente al mes de marzo de 2024 contará solo con la firma de la alcaldesa suplente y la Tesorería Municipal, mientras que los asuntos legales serán litigados y representados por el área jurídica.
El síndico es un integrante del ayuntamiento encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al ayuntamiento, procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda municipal.
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Entre otras cosas, está facultado para revisar la cuenta pública y representar al municipio en asuntos de límites territoriales, dar contestación a demandas efectuadas por terceros y procurar una correcta defensa de los intereses de la demarcación.
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