Como un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos, la diputada del IX Distrito Electoral Local, María Félix Pluma Flores, dio cumplimiento a la declaración patrimonial, Fiscal y de interés, en la iniciativa ciudadana “3de3”, de ahí que precisó que, al mes, percibe 286 mil 235 pesos.
De acuerdo con la página oficial, la congresista, junto con dos de sus compañeras de bancada, presentó satisfactoriamente sus informes, con el objetivo de transformar la indignación social por la corrupción en una puerta que ofrezca la transparencia.
En la plataforma se exhibe su remuneración neta anual del declarante por cargos públicos, la cual incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, además de la publicación de su adquisición de un vehículo a crédito y un bien inmueble.
Además, la legisladora dio a conocer que existen actividades profesionales, empresariales, comerciales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos.
En ella, señaló que su padre, Rubén Pluma Morales, se desempeña como presidente municipal de Tlaltelulco, mientras que en la declaración fiscal informó sobre el cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo con la ley, la corrupción es tratada como un problema público, pero resulta compleja y el conocimiento de las manifestaciones sociales, como el “3de3” brinda la condición necesaria para establecer instrumentos legales e institucionales que sean eficaces y efectivos en su combate.
Detalló que la ley ha abierto la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública.
Por todo ello, Pluma Flores hizo públicas sus declaraciones para cumplir con uno de los pilares normativos sobre los que se sustenta el combate a la corrupción y que sus actividades legislativas ordinarias sean coherentes y armónicas.
- La Ley General de Responsabilidades Administrativas ofrece una estructura normativa que, junto con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establecen las bases adecuadas para sistematizar una política y acciones de alcance nacional.
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