El gobierno de la Repúblico debe transparentar el marco legal de operación que tendrá el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de tal manera que se conozcan sus funciones y alcances, puntualizó el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala adjunto a la Coparmex, Noé Altamirano Islas.
Señaló que la nueva propuesta no debe ser política y mediática, de ahí que las autoridades deben explicar la forma en que operarán dentro de su marco legal y reglas de operación, así como los destinos que tendrán los bienes confiscados.
Expuso que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía una función similar a la nueva propuesta, que tendrá como titular al mismo responsable, Ricardo Rodríguez Vargas.
Que se clarifique cuáles serán las reglas de operación del Instituto, con la idea de transparentar más que nunca el destino de los bienes y recursos incautados. Lo que hacen es cambiar de nombre, lo que pedimos es que exista claridad, enfatizó.
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