/ miércoles 28 de octubre de 2020

Promueven juicio contra magistrado Mario Antonio de Jesús

El documento fue ingresado el pasado lunes a través de la Secretaria Parlamentaria

Los periodistas Edgardo Cabrera Morales y José Luis Ahuactzin Ávila, así como integrantes del Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala, solicitaron al Congreso local iniciar un procedimiento de Juicio Político en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

El documento fue ingresado el pasado lunes a través de la Secretaria Parlamentaria, con la intención de que el expresidente del Poder Judicial sea removido del cargo al presuntamente incurrir en actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública jurisdiccional.

Lo anterior, debido a que Jiménez Martínez demandó por la vía Civil a Cabrera Morales y Ahuactzin Ávila, para exigirles la reparación de un supuesto daño moral que le causó una nota informativa y una columna publicadas en enero pasado, en donde señalan al magistrado de proponer un supuesto reparto discrecional de 10 millones de pesos derivado de una devolución de impuestos que hizo al TSJE el Servicio de Administración Tributaria. Entre otras cosas, en la solicitud de Juicio Político, los periodistas pidieron a los diputados locales dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, analice las operaciones financieras, económicas y otras relacionadas con el jurista.

Además de la solicitud de juicio político, los periodistas también promovieron un queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues señalaron que el actuar del magistrado perjudica los intereses públicos fundamentales, como el derecho humano a la libertad de expresión y de acceso a la información de los medios de comunicación, y que puede haber violaciones a derechos humanos de ambos periodistas.

También presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura para que investigue la presunta relación de compadrazgo entre el magistrado y el juez que radicó la demanda en contra de ambos periodistas, pues dijeron que aparentemente pasó por alto una serie de anomalías en el procedimiento de presentación de la demanda inicial.

  • Los periodistas pidieron a los diputados locales dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, analice las operaciones financieras, económicas y otras relacionadas con el jurista.

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Los periodistas Edgardo Cabrera Morales y José Luis Ahuactzin Ávila, así como integrantes del Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala, solicitaron al Congreso local iniciar un procedimiento de Juicio Político en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

El documento fue ingresado el pasado lunes a través de la Secretaria Parlamentaria, con la intención de que el expresidente del Poder Judicial sea removido del cargo al presuntamente incurrir en actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública jurisdiccional.

Lo anterior, debido a que Jiménez Martínez demandó por la vía Civil a Cabrera Morales y Ahuactzin Ávila, para exigirles la reparación de un supuesto daño moral que le causó una nota informativa y una columna publicadas en enero pasado, en donde señalan al magistrado de proponer un supuesto reparto discrecional de 10 millones de pesos derivado de una devolución de impuestos que hizo al TSJE el Servicio de Administración Tributaria. Entre otras cosas, en la solicitud de Juicio Político, los periodistas pidieron a los diputados locales dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, analice las operaciones financieras, económicas y otras relacionadas con el jurista.

Además de la solicitud de juicio político, los periodistas también promovieron un queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues señalaron que el actuar del magistrado perjudica los intereses públicos fundamentales, como el derecho humano a la libertad de expresión y de acceso a la información de los medios de comunicación, y que puede haber violaciones a derechos humanos de ambos periodistas.

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