/ viernes 13 de marzo de 2020

Proponen ampliar las causales de feminicidio

Para integrar un sistema de seguridad garantista para la protección de las mujeres

Con la intención de robustecer al sistema de justicia del Estado, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Laura Yamili Flores Lozano, propuso que se reforme el Código Penal para el Estado de Tlaxcala con la intención de que se amplíen las causales por las que se determine un feminicidio, atendiendo principalmente factores de género.

Durante la exposición de motivos, la legisladora argumentó que es necesario que también se integre desde la legislación una sanción para aquellos servidores públicos que no procuren ni impartan justicia con perspectiva de género, pues resaltó la importancia de que se genere confianza en las instituciones.

Agregó que las reformas tienen como propósito obligar a Ministerios Públicos, peritos, policías de investigación y jueces del fuero común, que se encargan de investigar delitos contra las mujeres por razones de género a realizar un proceso garantista y de protección a la víctima.

La perredista explicó que al implementar sanciones a quienes son los encargados de atender y conocer estos casos e integrar las carpetas de investigación es con la intención de evitar la incompetencia, negligencia y falta de pericia de los servidores públicos obligados a procurar e impartir justicia.

Con relación a las hipótesis legales que se pretenden integrar en materia penal para la sanción del delito de feminicidio se encuentra penas por lesiones o mutilaciones, que la agresión haya sido cometida por celos extremos, que la víctima haya sido privada de la vida en razón del ejercicio de la prostitución, por su orientación sexual entre otros conceptos.

La iniciativa fue turnada al expediente parlamentario, para que sea valorada con otras propuestas similares que van orientadas a ampliar el espectro para que un delito sea considerado feminicidio.

  • Los servidores públicos que entorpezcan un proceso de investigación por el delito de feminicidio o cualquier tipo de violencia contra las mujeres podría ser sancionado de tres a ocho años de prisión y con una multa de 500 a mil 500 Unidades de Medida de Actualización.

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Durante la exposición de motivos, la legisladora argumentó que es necesario que también se integre desde la legislación una sanción para aquellos servidores públicos que no procuren ni impartan justicia con perspectiva de género, pues resaltó la importancia de que se genere confianza en las instituciones.

Agregó que las reformas tienen como propósito obligar a Ministerios Públicos, peritos, policías de investigación y jueces del fuero común, que se encargan de investigar delitos contra las mujeres por razones de género a realizar un proceso garantista y de protección a la víctima.

La perredista explicó que al implementar sanciones a quienes son los encargados de atender y conocer estos casos e integrar las carpetas de investigación es con la intención de evitar la incompetencia, negligencia y falta de pericia de los servidores públicos obligados a procurar e impartir justicia.

Con relación a las hipótesis legales que se pretenden integrar en materia penal para la sanción del delito de feminicidio se encuentra penas por lesiones o mutilaciones, que la agresión haya sido cometida por celos extremos, que la víctima haya sido privada de la vida en razón del ejercicio de la prostitución, por su orientación sexual entre otros conceptos.

La iniciativa fue turnada al expediente parlamentario, para que sea valorada con otras propuestas similares que van orientadas a ampliar el espectro para que un delito sea considerado feminicidio.

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