/ martes 12 de marzo de 2019

Se amparan para revertir nuevas reglas de operación de Estancias

Las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de febrero, establecen que los apoyos serán entregados directamente a las madres, padres solos o tutores.

Los legisladores locales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Milton Lopez Avendaño, Leticia Hernández Pérez, y la diputada federal, Adriana Dávila Fernández, interpusieron ayer ante el juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) un amparo que busca revertir las nuevas reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles impuestas por el gobierno de la República.

A las 13:00 horas, acompañados de responsables de estancias y madres de familia además con pancartas en mano, presentaron el amparo colectivo firmado por los diputados, así como por representantes de 116 de las 233 estancias que hay en la entidad.

Como portavoz de los promoventes, la legisladora federal panista, Adriana Dávila Fernández, señaló que el reclamo se debe a la reducción del presupuesto correspondiente al programa y a la aplicación de reglas de operación que, dijo, "no tienen nada que ver con un programa que nació con otro sentido".

La intención de dicho recurso constitucional es mantener el programa y asignar no solo el presupuesto correspondiente de los dos mil millones de pesos que fueron etiquetados para 2019, sino de los más de cuatro mil millones de pesos que se aplicaban en años anteriores.

Dávila Fernández planteó que la solicitud al juez es para que se suspendan las nuevas reglas de operación y que se haga una reasignación al presupuesto.

Aseguró que no resultar procedente sería una violación flagrante a los derechos adquiridos.

Calificó la aplicación actual del programa como un retroceso a los derechos de niñas y niños, madres trabajadoras, pues afecta el bienestar de alrededor de siete mil menores.

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A las 13:00 horas, acompañados de responsables de estancias y madres de familia además con pancartas en mano, presentaron el amparo colectivo firmado por los diputados, así como por representantes de 116 de las 233 estancias que hay en la entidad.

Como portavoz de los promoventes, la legisladora federal panista, Adriana Dávila Fernández, señaló que el reclamo se debe a la reducción del presupuesto correspondiente al programa y a la aplicación de reglas de operación que, dijo, "no tienen nada que ver con un programa que nació con otro sentido".

La intención de dicho recurso constitucional es mantener el programa y asignar no solo el presupuesto correspondiente de los dos mil millones de pesos que fueron etiquetados para 2019, sino de los más de cuatro mil millones de pesos que se aplicaban en años anteriores.

Dávila Fernández planteó que la solicitud al juez es para que se suspendan las nuevas reglas de operación y que se haga una reasignación al presupuesto.

Aseguró que no resultar procedente sería una violación flagrante a los derechos adquiridos.

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