Con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado aprobó la expedición de la Ley de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del estado de Tlaxcala, esto para que el Estado garantice el derecho a un medioambiente sano que abone al desarrollo y bienestar de las personas.
De esta forma, la Ley presentada por la presidenta de la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado, Marcela González Castillo, distribuye las competencias para los gobiernos estatal y municipales.
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También, servirá de complemento de la Ley de Protección al Medioambiente y el Desarrollo Sostenible, además de buscar alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados al manejo de los residuos sólidos.
Con ello, los congresistas avalaron la necesidad de repensar el ciclo de vida del producto y rediseñar la cadena de producción, además de separar y eliminar los residuos adecuadamente, así como cuidar el desperdicio y la pérdida de alimentos, incluida la pérdida posterior a la recolección.
Con el establecimiento del marco jurídico de dicha Ley, buscan generar un cambio de enfoque en el manejo de los residuos, alineado a las mejores prácticas en la materia, donde ese nuevo enfoque de una política integral de gestión de residuos implica el diseño legal adecuado en el que se consideren instrumentos y acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno.
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De igual forma, permitirá establecer de forma clara los principios bajo los que se conducirá la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos sólidos, la reducción progresiva de la disposición final de los residuos, el de responsabilidad denominado “el que contamina paga”.
Así, distribuirá las competencias entre los tres órdenes de gobierno, facultando para ello a la Secretaría de Medio Ambiente como el ente público responsable de formular, conducir, implementar, dar seguimiento y evaluación de la política estatal en la materia, el Programa Estatal, la instalación y operación de sistemas, así como la implementación de las acciones de política pública que le competan.
En este cuerpo normativo, también son armonizadas las atribuciones de la Procuraduría Ambiental del Estado al esquema sancionatorio desde una perspectiva preventiva y con énfasis en la reparación del daño y la no afectación del entorno.
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Finalmente, respecto del régimen sancionatorio, contempla que las violaciones a las disposiciones de esta Ley constituyen infracciones que serán sancionadas por la Procuraduría o por la autoridad municipal competente, según corresponda.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales que resulten de conformidad con los ordenamientos aplicables, siendo las sanciones desde amonestación hasta la cancelación de autorizaciones, pasando por la multa, el arresto y la clausura, ya sea temporal o definitiva.
- Las multas serán aplicadas en Unidades de Medida y Actualización por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado.