Por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado (OFS), los entes públicos que lo soliciten tendrán derecho de audiencia para realizar aclaraciones a la fiscalización de su cuenta pública correspondiente a 2021.
Con el argumento de contrarrestar posibles actos de corrupción, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Rubén Terán Águila, señaló que las conclusiones en las mesas de trabajo no modificarán el sentido de los dictámenes.
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El acuerdo fue que se iba a emitir una convocatoria, ahora para los ayuntamientos que quisieran generar una aclaración, pero esto no implica que la Comisión de Finanzas pueda recibir solventación de observaciones, aclaró.
El legislador ofreció que no cambiarán el sentido de los dictámenes, que serán generados según las conclusiones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en los informes individuales de la cuenta pública 2021.
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Estableció que las explicaciones que se hagan respecto al probable daño patrimonial cometido por los entes (principalmente ayuntamientos), serán tomadas en cuenta para emitir un comentario a la auditora superior del estado, para que sean tomadas en cuenta en las solventaciones que realicen.
Expresó que las mesas de trabajo no detendrán los procesos de fiscalización, como pasaba en otras legislaturas, en la que sus integrantes asumían algunos criterios para modificar los proyectos de las cuentas públicas y ya no se resarcía el probable daño provocado.
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El ejercicio fiscal 2021, aseveró, será evaluado en parcialidades, es decir, del uno de enero al 30 de agosto de 2021 y del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021, por lo que ya existen solicitudes de audiencia por autoridades en funciones y exservidores públicos.
A pesar de cualquier comprobación que puedan presentar los interesados, los proyectos de aprobación o no de las cuentas públicas de 108 entes fiscalizables quedarán sujetos a la opinión sobre la verificación realizada por el OFS.
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Exautoridades y autoridades municipales, los más interesados en generar mesas de trabajo con legisladores para aclarar observaciones de probable daño patrimonial.
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