FGR detiene a otro funcionario del INM implicado en incendio de estación migratoria

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron la primera de las cuatro órdenes de aprehensión que autorizó este jueves un juez de Control en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta responsabilidad en el incendio de una estación migratoria que dejó 40 personas muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata de Eduardo Apodaca Magallanes, quien se desempeñaba como jefe de Departamento de Recursos Materiales en la Delegación de Chihuahua del INM, y quien ya es el cuarto funcionario de Migración en ser detenido, pero el primero relacionado con las órdenes que se dieron hoy.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el funcionario fue capturado alrededor de la 1 de la tarde por la Policía Federal Ministerial a las afueras de las instalaciones del INM en la ciudad fronteriza.

A él, junto a los tres funcionarios pendientes por capturar, se les acusa de estar directamente vinculados con los hechos que derivaron en la muerte y lesiones de las 65 personas que se encontraban en el lugar.

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Por ello, al igual que en el caso de Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, y dos de sus subalternos, Juan Carlos Meza Cumplido y Cecilia Rivera Tena, se giró una orden de aprehensión en su contra, ya que la Fiscalía busca fincarles responsabilidades por los delitos de homicidio por omisión culposa y lesiones.

De manera paralela, y sin orden de captura de por medio, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero citó comisionado del INM, Francisco Garduño, a una audiencia inicial el próximo 21 de abril para que comparezca ante el juez de Control, se formalicen los cargos y se presenten las pruebas en su contra.

La misma situación ocurre con Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, a quien se le citó un día antes para que se presente en los juzgados del Penal Federal de Chihuahua.

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A ambos funcionarios, la FGR los acusa de cometer abuso de autoridad al no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a los migrantes y a las instalaciones a su cargo.