Luego de haber sido detenido por policías municipales de Torreón, Coahuila, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó haber sido arrestado por conducir en estado de ebriedad, asegurando que hubo irregularidades en el proceso.
A través de un comunicado, publicado en la cuenta de Twitter de la Corte, el ministro aseguró: “Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo”.
De acuerdo con el funcionario, la detención la realizó un agente de la Policía Municipal de Torreón, proceso que “estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro” y que según información de la agencia de noticias EFE ocurrió el día sábado.
Otras irregularidades que señaló el ministro es que nunca pudo ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público ni con un representante de derechos humanos y que su liberación ocurrió luego de que autoridades municipales indicaron a familiares del ministro que debían pagar 6 mil 500 pesos “únicamente en efectivo”, negandoles cualquier recibo y comprobante de pago.
“Quiero dejar en claro, que estoy totalmente de acuerdo con la lucha y los operativos anti-alcohol. Nadie tiene derecho a manejar en estado de ebriedad y esta conducta debe ser sancionada con severidad. Sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía”, dijo el ministro.
Por último, indicó que a pesar de que en “las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos”, tomó la decisión de no presentar ninguna denucnia, asegurando que no tiene absolutamente nada que ocultarse ni avergonzarse.
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La detención del abogado, que es ministro de la Corte desde el año 2015, cuando lo nominó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ocurrió en la ciudad de donde es originario. Sin embargo, ganó notoriedad desde octubre de 2020, cuando expusó diversos argumentos contra la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidente de México que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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