El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará el debate sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa o automática durante la sesión del próximo jueves, sin que de momento haya una ruta clara sobre lo que decidirán los ministros con respecto a la medida cautelar.
En la sesión de este martes, además de la exposición inicial del ministro Luis María Aguilar Morales, sólo se pudieron escuchar las argumentaciones de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, así como de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alberto Pérez Dayán.
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De momento la discusión sobre esta acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019 promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como algunas senadoras y senadores no cuenta con una opinión mayoritaria.
Luego de un debate de dos horas, el ministro presidente Arturo Zaldívar optó por terminar la sesión ordinaria cuando el ministro Pérez Dayán concluyó su exposición, quien junto a la ministra Yasmín Esquivel Mossa se inclinaron por no suprimir la prisión preventiva oficiosa.
Del lado opuesto se ubicaron los ministros Pardo Rebolledo, Alcántara Carrancá y el ponente, quien argumentó −como en septiembre pasado− que la medida cautelar es violatoria de derechos humanos, principalmente de los económicamente más desprotegidos que no tienen para pagar una debida defensa.
“La prisión es la sanción más severa con que cuenta el derecho penal, por ese motivo la concepción de la prisión preventiva oficiosa, como una medida que opera de forma automática e irreflexiva, debe considerarse como una pena anticipada contraria a los derechos humanos y por tanto debe ser inadmisible en un Estado constitucional de derecho”, aseveró.
Por su parte, Esquivel Mossa argumentó que esta medida cautelar responde a la necesidad que tienen el gobierno mexicano y sus instituciones para prevenir los delitos de alto impacto como feminicidios, abuso sexual infantil y crimen organizado, entre otros, es posible hacer una excepción −en la violación de los derechos humanos− y aplicar la prisión preventiva oficiosa.
“Tenemos claro que toda persona, todo ciudadano mexicano tiene derecho a gozar de la libertad, de eso no hay duda alguna, pero cuando se le señala como involucrado en la comisión de un delito de alta peligrosidad, de alto impacto social, se le debe dictar prisión preventiva oficiosa, medida severa como severo es el delito que causó”, dijo.
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Para el jueves se prevé que las intervenciones iniciales correspondan a las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, sin embargo, aún resta que emitan su posición otros cuatro integrantes del Pleno, incluyendo al ministro presidente, quien en la discusión de septiembre pasado apoyó la eliminación de la medida cautelar.
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